domingo , 25 febrero 2018
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IU y SYRIZA relatan en Bruselas cómo las imposiciones de la Troika y las políticas neoliberales de Rajoy y Samarás han desmantelado la educación pública

Izquierda Unida y SYRIZA celebraron el pasado miércoles unas jornadas en el Parlamento Europeo en las que se analizó el impacto que han tenido en la enseñanza pública los memorandos impuestos a España y Grecia por la Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) y las políticas neoliberales de Mariano Rajoy, Evangelos Venizelos y Andonis Samarás. Organizado por los eurodiputados Paloma López (IU) y Kostas Chrisogonos (SYRIZA), el encuentro contó con la presencia de la diputada de IU en el Congreso Caridad García, de la diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Lali Vaquero, de representantes de la Marea Verde, Ceapa, Europa Laica, Stes, Fapa, CCOO, Estudiantes en movimiento, el sindicato griego OLME, Etuce, así como de enseñantes y trabajadores del sistema educativo público de Grecia.

El sentir común de ambas delegaciones se vio reflejado en las palabras de López y Chrisogonos, quienes destacaron al comienzo de la reunión que los estudiantes son el futuro de Europa y que las medidas de austeridad están poniendo en peligro ese futuro, por lo que urge proteger el sistema público de enseñanza. El objetivo de la jornada, que era poner en contacto a plataformas, sindicatos y movimientos de Grecia y España para que contaran sus experiencias y buscaran formas de colaborar conjuntamente se vio cumplido.

Themis Kotsifaki, presidente del sindicato de profesores de secundaria OLME, fue el encargado de inaugurar el bloque temático centrado en los memorandos de la Troika y fue desgranando dato por dato cada uno de los recortes aplicados en los últimos cinco años tanto al presupuesto destinado para educación como en personal. “Desde 2010 el gasto público en educación se ha reducido un 35% y Samarás tenía previsto rebajarlo hasta el 42,4% en 2018. El impacto en el PIB es sólo del 2,7% y la intención para dentro de tres años es que llegara al 1,9%”, explicó.

Kotsifaki denunció que en apenas cuatro años hay 28.500 profesores de secundaria menos y que se ha reducido un 73% el número de trabajadores temporales. Esto, como en España, ha conllevado un aumento de la ratio de alumno por clase, el aumento de las horas que tienen que impartir los profesores, rebajas en los sueldos y pensiones, cierres de escuelas y la aparición de leyes autoritarias en contra de los profesores.

El presidente de OLME advirtió que otro de los peligros está en las leyes de educación que se están imponiendo, en “una política educativa dominada por la doctrina neoliberal que elimina los valores pedagógicos y humanitarios de la educación pública” y llamó a todos a seguir luchando juntos, “movimientos sociales, profesores, sindicatos, estudiantes y padres, para “salvaguardar el carácter gratuito y público” de la enseñanza.

El asalto del PP a la enseñanza pública: Wert y el laboratorio de pruebas de Madrid

Caridad García, diputada en el Congreso, fue la siguiente en intervenir. La parlamentaria de IU explicó cómo en el Estado español las competencias en educación son de las Comunidades Autónomas, pero que esto, en el contexto de la crisis es una trampa porque “es el Gobierno el que toma la decisión de recortar los presupuestos y obliga a las Comunidades a cumplir con el objetivo de déficit”, lo que en la práctica hace que el desmantelamiento de la educación pública se haya convertido en algo generalizado.

“Este último presupuesto dedica a educación un aumento del 4,5% pero el problema es que anteriormente hubo un recorte del 25%”, denunció. Sobre la Ley Wert, García dijo “que responde a los sectores más retrógrados de nuestra sociedad” y avisó al Gobierno de que “los presupuestos no son sólo números, sino que detrás de cada número hay una persona y una vida. Están construyendo una sociedad cada día más desigual y para nosotros los presupuestos de 2015 son los de la consolidación de la desigualdad”.

Lali Vaquero, que desde la Asamblea de Madrid ha visto en primera persona cómo “el PP ha hecho de la Comunidad el laboratorio de las reformas aprovechando la crisis para culminar su propósito de convertir la educación en un negocio”. Así, poniendo como ejemplo el caso de la educación infantil, explicó que “en 2009 había 30.000 familias en la Comunidad de Madrid a la espera de una plaza en los centros públicos y en pocos años el PP ha logrado, gracias a la campaña de desprestigio, al aumento de las cuotas, al cheque escolar y premiando la matriculación en privados, que cale la idea de que es más barato matricular a los niños en las guarderías privadas que en las públicas, por lo que hoy ya no hay más demanda que oferta”.

Asimismo, denunció la situación del profesorado, no sólo por la contratación de “profesores no habilitados” como ha ocurrido en Madrid, sino porque en los últimos tres años ha habido “una reducción de 6.000 profesores, mientras que contamos con 25.000 alumnos más”. El objetivo de todo esto, dijo, es “dejar a la escuela pública en un sitio marginal y convertirlo en una especie de servicio de beneficencia para el que no pueda pagar”.

También denunció cómo la política de recortes del Gobierno está ahogando a los ayuntamientos, algo que influye directamente en la escuela pública ya que “no tienen fondos para construir los colegios y acaban aceptando el chantaje del sector privado”.

Profesores en el punto de mira

Francisco García Cruz, de Comisiones Obreras, fue el encargado de inaugurar el siguiente bloque, centrado en la degradación de las condiciones laborales en el sistema público de enseñanza. Para él, la Ley Wert es “uno de los planteamientos neoliberales más agresivos en estos años porque considera la educación como un bien y no como un derecho”.

“Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria – continuó- decenas de miles de jóvenes se han incorporado al sistema educativo, pero nos encontramos con que hay menos profesores, más alumnos, más precarización y más horas de trabajo”. García también culpó al Gobierno de estar poniendo en marcha leyes represivas contra el profesorado y que afectan “a cosas básicas como las bajas por enfermedad o la no sustitución de las personas enfermas”. Además, recordó, “tenemos uno de los profesorados más envejecidos de los países OCDE y la proporción del profesorado de menos de 30 años es pésima”.

“Corremos el riesgo de que aumente la brecha de edad. Se han jubilado más de 50.000 y otros 140.000 se van a jubilar en los próximos años, pero el Gobierno no tiene ningún plan para reemplazarlos”, sentenció.

Una de las realidades particulares de Grecia a causa de los memorandos ha sido la de los profesores y cuidadores suspendidos, que han sido obligados a dejar sus puestos de trabajo sine die sin percibir compensaciones. Sobre la lucha de estos últimos habló Manolis Stathopoulos, que fue uno de los impulsores de la marcha de Atenas a Tesalónica y del frente solidario con los trabajadores despedidos, un movimiento que hizo de paraguas para causas tan variadas como la de los trabajadores de Coca-Cola o la plataforma contra la privatización del agua.

“No se puede salvar un país destruyendo su tejido social. En Grecia se han suicidado 10.000 personas en estos años, muchos no volverán nunca a su vida anterior porque han cerrado miles de PYMES, hay niños sin escuelas y personas que nunca llegarán a cobrar una pensión. Tenemos que estar a la vanguardia de esta lucha y seguir defendiendo el derecho al trabajo”, dijo.

Nikos Nikakis, profesor suspendido, fue el encargado de explicar a los asistentes la situación por la que ha pasado este colectivo de trabajadores, centrándose en el ámbito de la formación profesional. En total son 1.625 personas “las que seguimos a disposición del Estado con una interrupción legal de nuestros salarios y sin que nos hayan comunicado el despido”, dijo. Esta situación ha afectado en especial a los profesionales de “las artes plásticas y la atención sanitaria” y, por supuesto, “a los alumnos de estas disciplinas, entre los que hay más de 10.000 que no pudieron seguir con sus estudios al no impartirse las clases por falta de profesores”.

Aquí también encontró un filón el sector privado en Grecia, “que han comenzado a impartir estas enseñanzas produciendo un trasvase de alumnos de las escuelas públicas a las privadas”. Además, denunció que un 65% de los suspendidos son mujeres, “por lo que esta medida ha tenido un gran impacto de género y ha arrebatado el derecho de las jóvenes a estudiar y trabajar”.

La movilización como palanca de cambio

Jesús Salido, representante de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos, inauguró el bloque dedicado a las luchas por la educación pública. Aseguró que desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública van a “seguir luchando porque el nuevo modelo de educación introducido con la Ley Wert es, sobre todo, injusto. Están dispuestos a decretar que si no tienes dinero, entonces tendrás que salir del sistema educativo y mediante procesos democráticos vemos cómo cada día nos recortan los derechos a la mayoría”.

Salido dijo que la LOMCE es una “carrera de obstáculos para el alumnado que genera inestabilidad” y que además “carece del consenso de la sociedad”. Explicando la situación a la que se han visto abocadas cientos de miles de familias con cosas como la eliminación de las becas para compra de libros y el incumplimiento por parte de las CCAA de aplicar un plan de 17 millones de euros para los comedores escolares, desde CEAPA llamó a las movilizaciones en Europa en favor de “la escuela pública, la equidad y la igualdad”.

Miguel Montero, del colectivo Estudiantes en movimiento, explicó que la Marea Verde es “un movimiento que surge tras una cuestión muy concreta, como el despido de 3.000 profesores en la Comunidad de Madrid”, pero que, sin embargo, supone “un hito en la movilización social muy importante que viene de antes”. “Viene por una parte del proceso contra Bolonia –continuó- y la lucha del estudiantado universitario contra el proceso de integración europeo de la educación superior, y por otro lado del 15-M, que fue un punto de inflexión muy importante en las movilizaciones dentro del Estado español”.

A raíz del 15-M, Montero contó cómo “se empezaron a organizar asambleas de profesores y profesoras en casi todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y de pronto, esta lucha que parecía simplemente un conflicto laboral y sindical, acabó convirtiéndose en una lucha social y en una lucha de toda la comunidad educativa”.

Montero denunció la criminalización del profesorado y la campaña mediática de la derecha para justificar los despidos, “al tiempo que intentaban enfrentar a profesores y alumnos dentro del aula”. Pero este intento de criminalización, dijo, “quedó totalmente refutado y contestado ampliamente por la sociedad durante la huelga de 10 días de estudiantes, profesores y padres”.

“En esos momentos – dijo- se empezó a crear una concienciación social que ya no va a cambiar nunca y que se refleja en una de las frases que se coreaban en las manifestaciones: ‘El profesor luchando también está enseñando’, lo que es una cuestión muy importante para todo el estudiantado que ha vivido este proceso de crisis y de ataque brutal de la Troika a nuestras vidas de cara a crear personas críticas”.

La última en intervenir fue Tasia Giannopoulou, profesora suspendida griega, quien reivindicó el “impacto que ha tenido en las elecciones en Grecia” la fuerza de un movimiento que aglutinó a docentes, personal técnico, padres y madres contra los despidos.

“Decidimos que la única manera de luchar contra los despidos era haciéndolo juntos porque solos no podíamos. La política iba en contra del cuerpo docente pero también de todas las personas de distintos sectores despedidas en nuestro país de distintos sectores. Había que luchar unidos porque somos seres humanos, no cifras”.

Tras acabar las intervenciones, ya en rueda de prensa, Rubén Gómez Garralón, profesor interino del sindicato STEM, explicó la situación de precariedad e incertidumbre que viven los profesores interinos de la enseñanza pública por culpa de la tasa de reposición del 10% impuesta desde Europa y denunció la pérdida de 36.000 puestos docentes desde el inicio de la crisis.

Acusó al PP y a sus políticas neoliberales de “estar estrangulando la escuela pública” y reclamó la laicidad en la enseñanza como espacio “en el que pueden caber todas las creencias”. “La verdadera libertad religiosa sólo se encuentra en la escuela pública y laica”, dijo. Asimismo, llamó a seguir luchando contra “la ideología neoliberal que se está implantando en la enseñanza, que fomenta singularidades, los corporativismos y la formación ideológica conservadora”.

Por su parte, Jesús Guerra, de Estudiantes en Movimiento, explicó en primera persona las consecuencias de la Ley Wert, poniendo énfasis en la subida de las tasas universitarias, “que hace que algunas carreras cuesten hasta 17.000 euros”; o el aumento del ratio de alumnos por clase, “que provoca que la enseñanza sea peor y que los profesores no puedan hacer seguimiento de los alumnos”.

“Los cambios políticos, como la victoria de Syriza, son consecuencia de las políticas neoliberales. Vamos a ganar todo. 2015 es el año del cambio”, sentenció.

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