lunes , 14 octubre 2019
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La CE pone en cuestión las devoluciones en caliente y condena la violencia en la frontera tras las denuncias de la Izquierda Plural

Las constantes denuncias de los eurodiputados de la Izquierda Plural Marina Albiol (IU) y Ernest Urtasun (ICV) en Bruselas han servido para que la Comisión Europea vuelva a cuestionar la política migratoria del PP y el intento del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de legalizar las devoluciones en caliente incluyéndolas en el Código Penal. Además, han explicado los eurodiputados, la institución comunitaria advierte de que la violencia en la frontera, que ha sido ampliamente documentada por ONG como Prodein “no estarían amparadas por la legislación de la UE” y recuerdan que, el “uso excesivo de la fuerza” debe ser investigado de forma exhaustiva, algo que el Gobierno del Estado español no está cumpliendo.

“Las medidas de vigilancia de las fronteras deben ser proporcionadas y llevarse a cabo respetando los derechos fundamentales de los migrantes”, escribe el comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, en respuesta a una pregunta parlamentaria en la que Urtasun exponía la “preocupación” que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha mostrado por el “creciente uso de la violencia en la frontera española”.

“Sólo se puede utilizar la fuerza –continúa Avramopoulos- en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas”. “Esto, como queda demostrado en los numerosos vídeos difundidos por las organizaciones que trabajan con migrantes en la valla, y por los testimonios de las personas que tratan de llegar a Europa, no se ajusta a lo que allí sucede”, ha denunciado el eurodiputado de ICV que ha remarcado que “la Comisión condena el recurso a la violencia o el uso excesivo de la fuerza en el control de las fronteras y considera esencial que las autoridades nacionales efectúen investigaciones exhaustivas en caso de indicios de violencia o de uso excesivo de la fuerza”.

Del mismo modo, ha celebrado Urtasun, Avramopoulos pone en cuestión la práctica de las devoluciones en caliente en la frontera de Melilla. “Expulsiones exprés que, sin ir más lejos, esta misma semana se han vuelto a repetir tal y como ha denunciado Cruz Roja, y que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende hacer legales incluyéndolas en la reforma del Código Penal que acompaña a la ley mordaza”, ha explicado el europarlamentario de ICV.

En respuesta a otra pregunta de Albiol la pasada semana, Avramopoulos afirma que “la Comisión ha solicitado a las autoridades españolas que le remitan los proyectos de reforma de la legislación española, acompañados de cuantas explicaciones le permitan comprender mejor sus implicaciones y su repercusión en las obligaciones que el Derecho de la UE impone a España”.

“Estaremos pendientes de que el Gobierno español cumpla con esta petición”, ha dicho Albiol, ya que la Comisión, según el escrito del comisario griego, “no dudará en adoptar las medidas necesarias si hay pruebas de que algún Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE”.

En respuesta a otra pregunta de Urtasun, Avramopoulos explica que lo que se está estudiando a conciencia es la adecuación de la reforma pretendida por el PP con las Directivas 2005/85/CE y 2008/115/CE. Estos instrumentos jurídicos, dice el comisario, “siguen el concepto de presencia física en el territorio de un Estado miembro y cualquier persona que sea sorprendida en un momento en que ya haya accedido al territorio de un Estado miembro está cubierta por las salvaguardias de esos instrumentos”.

«Desde la Izquierda Plural le pedimos a la Comisión que el cuestionamiento de la legalidad de las devoluciones en caliente y la condena por el uso excesivo de la fuerza no se queden sólo en palabras o reprimendas, exigimos sanciones y que se tomen las medidas para que este tipo de prácticas no se sigan dando en el Estado español. Si desde Europa no se toman medidas contundentes estarán siendo cómplices de la vulneración de derechos humanos», ha dicho Albiol.

Ambos eurodiputados visitaron a principios de enero la valla de Melilla y el CETI y tras una reunión con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Abdelmalik El Barkani, y la posterior denuncia de los eurodiputados por las “condiciones deplorables” en las que viven las personas internas en el Centro, el Gobierno del PP anunció una ampliación de las instalaciones, que alojan a más de 1.400 personas cuando su capacidad es de 480 plazas.

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