lunes , 12 noviembre 2018
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La CE confirma a IU que está a punto de sancionar al Estado por violar dos directivas sobre derechos de los detenidos

Representantes de la Comisión de Justicia de la UE se han reunido este miércoles con la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, con Elena Ortega, madre del Alfonso Fernández ‘Alfon’ y presidenta de la asociación de Madres contra la represión, y con los abogados Alejandro Gámez y Elatz Ibarrondo, a quienes han confirmado que Europa está a punto de sancionar a España por incumplir dos directivas europeas sobre el derecho de las personas detenidas.

En concreto se trata de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a la traducción e interpretación en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales. Daniel Braun –número dos de la comisaria de Justicia, Vera Jourová-, y Fabien Lebot, miembro del directorado general de Justicia, han explicado que en ambos casos la UE tiene abierta un procedimiento de infracción que se encuentra en dos fases distintas.

Sobre la primera Directiva, que debía haberse transpuesto hace tres años, Braun y Le Bot han confirmado que el expediente está justo en el paso previo al Tribunal de Justicia, mientras que en lo referente a la segunda norma –cuya transposición debía concretarse hace casi un año-, la Comisión aún está esperando información del Gobierno. Además, hay una tercera Directiva, la 2013/48/UE relativa al derecho a la asistencia de letrado, que el Ejecutivo tendría que transponer antes de final de año si no quiere incurrir en otra falta.

Durante el encuentro, que fue solicitado por la eurodiputada de IU a raíz de la sentencia a cuatro años de prisión para ‘Alfon’ y en un momento de repunte de la persecución contra activistas y sindicalistas, Daniel y Lebot han expresado su “preocupación por lo que está ocurriendo en el Estado”, según ha explicado Albiol.

“Les preocupa la situación del Estado español –ha continuado Albiol- porque todas las detenciones tienen que tener una base legal clara y han reconocido sin tapujos que se están incumpliendo tres directivas, pero sobre todo las dos primeras porque ya ha acabado el plazo”

Además, “han dicho en repetidas ocasiones que están dispuestos a ir a juicio contra el Estado porque la situación es grave: somos el único Estado que no respeta estas directivas y vulnera la legislación europea claramente”.

“Es un tema de voluntad política de no garantizar el derecho a los detenidos. El Estado dice que lo quiere transponer en un proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal, pero que no tenemos garantía de cuándo va a ser transpuesto. Y en cualquier caso, actualmente el Estado demuestra que no quiere garantizar esos derechos”, ha dicho Gámez, de la Asociación Libre de Abogados, quien ha relatado que “la Directiva 2012/64/UE dice que al abogado o al detenido se le tiene que enseñar el atestado en la propia detención, cosa que ahora no pasa”

“La Policía y el Ministerio de Interior se están negando por sistema. Cuando vamos a los juzgados, como los jueces no saben de derecho comunitario y porque no quieren, se niegan a aplicar estas directivas, y el Ministerio Fiscal, tampoco lo está haciendo, con lo cual nos encontramos solos”, ha afirmado. “Y no sólo lo están incumpliendo de palabra – ha continuado- sino que la Policía en Madrid ha sacado una circular interna [ya denunciada también por Albiol] que dice que las directivas no son aplicables hasta que se modifique la Ley de enjuiciamiento criminal, cosa que va en contra del derecho comunitario, que dice que las directivas son aplicables desde que vence el plazo de transposición”.

Ibarrondo, que es el letrado que ha llevado todo el caso de ‘Alfon’, ha trasladado a los representantes de la Comisión la “preocupación” latente ante la posible existencia de ficheros policiales con perfiles de activistas sociales y políticos y su utilización virtual en algún procedimiento judicial”, al tiempo que ha pedido a Braun y Le Bot que cuestionen al Gobierno del Estado español si existen dichas bases de datos y expliquen qué cobertura legal tienen.

Por último, Elena Ortega ha explicado el trabajo de Madres contra la Represión y ha trasladado el problema al que se están enfrentando los jóvenes que son detenidos durante la protesta social desde que Gobierna el PP. “Una vez son arrestados parte un atestado de la Policía, normalmente con acusaciones falsas y casi siempre el mismo atestado denunciando atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones”. “Con esto – ha proseguido- consiguen sumar peticiones de cárcel que pueden llevar a muchos de estos detenidos a ingresar en prisión. Lo más preocupante es que se utiliza normalmente sólo la palabra de la Policía para condenar a los imputados”.

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