lunes , 21 mayo 2018
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La CE hará un “seguimiento estrecho” de las “subvenciones ilegales” a las eléctricas tras la denuncia de IU

La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, se ha comprometido con Izquierda Unida a hacer un “seguimiento estrecho” de las “subvenciones estatales ilegales” que hayan podido recibir las compañías eléctricas en España a costa de la moratoria nuclear. La representante de la Comisión Europea ha tomado esta decisión tras una denuncia de la eurodiputada Paloma López, en la que explicaba que, pese a que “los activos afectados por la moratoria nuclear tienen un valor que oscila entre 2.400 y 3.000 millones de euros”, el Estado ha abonado cantidades muy superiores “en forma de intereses adeudados por la moratoria ya en 1994”, y que “los pagos siguen produciéndose en la actualidad”, algo que repercute directamente en la factura de la luz y, por tanto, en las familias y la industria.

López ha mostrado su satisfacción por el anuncio de Vestager, sobre todo teniendo en cuenta que el pasado mes de junio ignoró otra denuncia sobre este tema, bajo el pretexto de que la Comisión no había recibido “ninguna indicación” de que en España las empresas eléctricas hubieran “obtenido una compensación excesiva por una moratoria sobre la inversión en energía nuclear”.

“Las eléctricas especularon con la construcción de nucleares y como ocurrió luego con el ciclo combinado, ganaron gracias al rescate del Estado y la externalización de los costes ambientales. Es inaceptable la opacidad en las cuentas de las nucleares. Esperamos que la investigación permita saber qué cantidades y qué beneficios obtuvieron las eléctricas de esta moratoria, a costa de las familias y de la industria”, ha dicho la eurodiputada.

La moratoria nuclear entró en vigor a principios de los ochenta por la notable caída de la demanda, como consecuencia de la crisis del petróleo de la década anterior, y por un aumento muy significativo de los costes de financiación para construir las 25 centrales que se llegaron a proyectar. Quedaron paralizadas en total cinco plantas y se calculó que las eléctricas debían recibir una indemnización que se cifró entre los 2.400 millones de euros y los 3.000 millones de euros. En la práctica fue un rescate del Estado a las eléctricas cuyo valor total no es del todo claro, ya que en la actualidad se siguen pagando intereses. Por ejemplo, este año se abonarán 67,7 millones de euros que repercuten directamente en la factura de la luz y el déficit de tarifa. ONG como Ecologistas en Acción calculan que los sobrecostes de la gestión de la moratoria nuclear rondan los 6.600 millones de euros.

“Resulta evidente que la regulación eléctrica protege los intereses financieros de las grandes compañías“, ha señalado López, para quien “los intereses creados por la privatización y concentración del sector, son un obstáculo hacia un modelo energético que aproveche nuestras potencialidades de generación y refuerce nuestro modelo productivo”.

La eurodiputada ha incidido, además, en la oposición de IU a que se continúe promoviendo “una energía altamente peligrosa, como demuestran sucesivos accidentes y el problema eterno de los residuos”. “Nos oponemos a que sean los consumidores y no los accionistas quienes asuman el coste de su necesario cierre”, ha concluido.

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