Lunes , 24 Abril 2017
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IU solicitará una reunión con Cañete para tratar la situación de la minería en Asturias

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha anunciado esta mañana que solicitará una reunión con el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias-Cañete, para tratar la situación de la minería en Asturias y las perspectivas del sector a partir de 2018, después de la “irresponsabilidad” mostrada por el alto funcionario de la Dirección General de Mercado Interior e Industria, Carsten Bermig, con quien ha mantenido un encuentro acompañada de los alcaldes de Mieres y Langreo, Aníbal Vázquez y Jesús Sánchez, y de José Luis Villares, responsable de industrias extractivas de CCOO.

Vallina ha denunciado el trato recibido por Bermig, quien “se ha dedicado toda la reunión a lanzar balones fuera” y a “no contestar a una sola de las preguntas que le hemos planteado”. “Es inadmisible la actitud de la Comisión Europea, que se está dedicando a mirar para otro lado, como hace el Gobierno de Mariano Rajoy, con el sector de la minería del carbón, dejando en el limbo a cerca de 4.000 trabajadores en el Estado, 200.000 en toda la UE, y poniendo en peligro la sostenibilidad de los municipios de las comarcas mineras”, ha dicho la eurodiputada asturiana.

Vallina solicitó el pasado mes de julio una reunión con la comisaria de Mercado Interno e Industria, Elzbieta Bienkowska, tras las dudas que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, había transmitido a los sindicatos en torno a la aplicación del Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018. Bienkowska contestó a la eurodiputada de IU que Bermig sería el encargado de recibirla en Bruselas junto a Vázquez, Sánchez y Villares, ya que se trataba de “la persona competente” para este tema. Sin embargo, hoy el alto funcionario ha decidido que el caso de las ayudas al carbón en el Estado español son competencia de Cañete y les ha remitido a él.

Tras la reunión, en una rueda de prensa, el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, no ha escondido su decepción y ha asegurado que “si los ciudadanos conocieran este tipo de actitudes subirían los euroescépticos de manera exponencial”. Sánchez ha explicado que la incertidumbre generada sobre la minería del carbón está provocando que su municipio pierda 600 habitantes de media al año desde hace una década. “La reunión ha sido un desastre y a mí no me queda más remedio que decirle a mis vecinos que no esperen nada de la Comisión Europea. Creo que hoy ha quedado demostrado que este asunto está cerrado para ellos pero no tienen la valentía política de decirlo”, ha denunciado, al tiempo que ha llamado a la movilización. “O damos una vuelta a través de la presión o con la actual coyuntura política no hay alternativa ni políticas que vayan a cambiar esto”, ha dicho.

En este sentido, Aníbal Vázquez ha sostenido que en lo que respecta al carbón “todo el mundo está escaqueándose”, por lo que ha advertido que “si no nos dan una solución, no vamos a esperar impávidos a 2018 a que se acaben las ayudas sin hacer nada”. Hay zonas en las que el paro está por encima del 20% y esto va a traer consecuencias y movilización social. No nos vamos a quedar mirando”, ha añadido, antes de señalar que “lo único que estamos pidiendo es que nos digan que cierran y que nos den alternativas porque hay que cambiar el tejido industrial. No puede ser que en nuestro país se firme lo que se firme se convierta en papel mojado”.

Para José Luis Villares, representante de CCOO Industria, lo ocurrido hoy es “lo mismo que está ocurriendo con el Gobierno”. “No es la primera vez que acudimos a una reunión donde tiran balones fuera y nos dicen que no es de su competencia y creo que hacen esto para que estemos dando vueltas y nadie nos diga la verdad”, ha asegurado. La minería, ha añadido, “está en la situación actual por los incumplimientos del Gobierno de España, por culpa del PP y del PSOE, y el pasotismo de las instituciones europeas” con respecto al cumplimiento, no sólo del Marco de Actuación, sino de la Decisión 787/2010, que puso fin a las ayudas en 2018, “sin que a día de hoy nos hayan dado una alternativa”.

Villares, como Vázquez y Sánchez, cree que de no cambiar nada en los próximos meses, “va a ver una explosión social” porque “son muchos los miles de trabajadores que van a quedar en la calle con un impacto inmediato en las comarcas mineras” y ha criticado que mientras la Decisión habla de “un cierre ordenado de la industria”, lo que se ha producido en la práctica “es el derrumbe total”.

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