viernes , 20 septiembre 2019
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IU trabajará en la comisión de investigación del caso Volkswagen para «señalar a los responsables políticos» y «proteger a los trabajadores»

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López formará parte del equipo de trabajo que se ha constituido este jueves en el Parlamento Europeo para investigar el escándalo de las emisiones automovilísticas. El principal objetivo, según ha explicado, será el de “esclarecer si hubo responsabilidad política por parte de la Comisión Europea”, tanto si ignoró como si ocultó información sobre las prácticas de la industria del automóvil y su impacto en el medio ambiente.

Además, ha advertido de que el comité debe garantizar que los trabajadores “no sean los que sufran las consecuencias” de la mala praxis de las multinacionales.

Esta comisión compuesta por 45 miembros, y en la que López será la única eurodiputada española del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), surge como respuesta al escándalo de las emisiones destapado por la Agencia Medioambiental de EEUU (EPA).

En septiembre del año pasado, tras revisar los test de emisiones de los diésel de la casa Volkswagen entre 2009 y 2015, la EPA llegó a la conclusión de que unos 11 millones de vehículos en todo el mundo estarían superando a diario los límites de óxido de nitrógeno (NOx).

A medida que el escándalo empezó a salpicar a otras empresas automovilísticas y se fueron sucediendo las dimisiones, se conoció, además, la existencia de dos informes que ya en 2010 y 2013 alertaban a la Comisión Europea de que los motores diésel de algunos modelos de coche no estaban respetando los límites legales de emisiones de NOx.

Tal y como ha explicado López, el funcionamiento será similar al de la comisión TAXE, que a raíz de los LuxLeaks se encarga de investigar el trato de favor fiscal que algunos Estados de la UE han estado ofreciendo a importantes empresas multinacionales.

Sin embargo, ha querido destacar que, a diferencia de TAXE, esta nueva comisión de investigación nace directamente con un mandato de un año, durante el que se elaborarán dos informes a medida que vayan avanzando las pesquisas.

De esta forma, el primer propósito de la comisión será aclarar si la CE o los Estados Miembros de la UE eran conocedores del fraude antes de 2015. En el caso de la institución comunitaria, la existencia de dichos informes previos, han puesto fuertemente en entredicho a los comisarios de Medio Ambiente e Industria, Janez Potonik y Antonio Tajani.

“Deben exigirse responsabilidades políticas si se confirma que Potonik y Tajani conocían la situación desde hace dos años y una explicación de por qué la CE esperó a que fuera EEUU el que destapara el escándalo”, ha afirmado López.

Asimismo, deberá esclarecerse si la CE faltó a su obligación de introducir los test adecuados para cumplir la regulación sobre emisiones de NOx. Estos test, como los de la EPA en EEUU, debían reflejar las condiciones reales de conducción.

Por último, si los Estados de la UE tenían un régimen de sanciones e inspecciones para controlar los posibles desmanes de las grandes compañías automovilísticas.

No obstante, la eurodiputada de IU ha explicado que además de buscar a los responsables políticos, si los hubo, la comisión del Dieselgate debe encargarse de “asegurar que el control democrático de las decisiones regulatorias pertenezca al Parlamento Europeo y no a los lobbies”, máxime cuando “la CE ya está incorporando explícitamente a las empresas en el control de la regulación, como estamos viendo con el TTIP”. Esto, ha avisado, “en un sector tan concentrado como el automóvil, sería particularmente grave”.

López también ha llamado a aprovechar la ocasión para “hacer un escrutinio en profundidad del tema del diésel” antes de aceptar la propuesta lanzada por la Comisión y el Consejo Europeo, que “básicamente pretenden resolver la crisis con una nueva regulación ad hoc para los excesos de emisiones”.

“Nos oponemos a que la Comisión legisle a la carrera, violando su mandato y con el apoyo de los Estados Miembros, que el lunes ni siquiera aparecieron en este Parlamento”, ha criticado. Por otro lado, la eurodiputada ha alertado sobre las más que probables trabas que se van a encontrar los miembros de la comisión de investigación para acceder a los documentos públicos.

“Esto ya nos ha pasado en TAXE y por eso desde el GUE presentamos una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE”, ha comentado.

Para López, «El escándalo ante la opinión pública exige mayor transparencia y mejor control democrático en beneficio de la propia industria y sus trabajadores”. La eurodiputada ve posible “avanzar hacia objetivos técnicamente ambiciosos en la reducción de emisiones que mejoren la calidad del aire, pero sólo una investigación en profundidad podrá levantar las sospechas abiertas en este caso”.

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