lunes , 11 diciembre 2017
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IU denuncia ante la CE que en España hay 80.000 personas con discapacidad sin derecho a voto

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha denunciado ante la Comisión Europea “la discriminación” que sufren 80.000 personas en el Estado español, a las que no se les permite ejercer su derecho a voto por una incapacitación legal que “va en contra de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”. “Es un ataque brutal a los derechos de algunas personas con discapacidad, a las que se les está prohibiendo el derecho fundamental de participar en la vida pública”, ha dicho la eurodiputada.

Según el artículo 29 dicha Convención de la ONU los Estados “garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la capacidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones” y se comprometerán a que “puedan participar plena y efectivamente en la vida política”.

“El Gobierno español ratificó este texto en 2008 y, sin embargo, la aplicación estricta de Ley Orgánica del Régimen Electoral [LOREG] permite este tipo de situaciones discriminatorias. Según los datos de la Junta Electoral Central de 2011 son 80.000, pero no sabemos si esto puede estar afectando a más gente”, ha explicado Albiol.

Ese año, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas pidió al Ejecutivo que modificara la LOREG, que en su articulado permite a los jueces aplicar una incapacidad legal a personas con discapacidad, despojándolas de su derecho a ejercer el voto. Dos años más tarde fue la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la que solicitó un informe para introducir los cambios necesarios en la LOREG, “pero el plazo, que era de seis meses, no se ha cumplido”.

En su escrito, la eurodiputada cita también la Directiva 93/109/CE, que regula el derecho de todos los europeos y europeas al “sufragio activo y pasivo con las condiciones de residir en el territorio y cumplir los requisitos de edad que establece cada Estado”. Por ello, insta al Gobierno comunitario a estudiar el caso español y “actuar” ante “la disparidad de criterios que hacen que los derechos políticos de la ciudadanía varíen de un Estado a otro de la UE”.