lunes , 18 junio 2018
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López exige al Santander que revele cuánto eluden las empresas de la UE gracias a sus filiales en paraísos fiscales

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha exigido a una representante del Banco Santander, presente hoy en Bruselas, que revele cuánto dinero en impuestos están eludiendo las empresas de la UE que tienen cuentas en su red de filiales en paraísos fiscales, que según un informe de OXFAM serían 182. Durante un careo en la reunión que ha mantenido la comisión TAXE2 en el Parlamento Europeo, la parlamentaria también ha pedido explicaciones sobre la falta de colaboración de la entidad con la Justicia en investigaciones por blanqueo y la presencia de clientes suyos en la conocida como Lista Falciani.

“¿Cuál es su estimación de los impuestos que dejan de pagar a la Hacienda española y a las de otros Estados miembros las empresas y grandes fortunas que utilizan su red para tributar fuera de su lugar habitual de producción y residencia?”, ha preguntado Paloma López a Mónica López-Monis, vicesecretaria del Consejo del Santander, tras citar el informe La Ilusión Fiscal, según el cual el banco es la empresa del IBEX-35 con más filiales en territorios off shore.

López–Monis se ha defendido diciendo que el Santander, en lo que a paraísos fiscales se refiere, “sigue el criterio de la consideración legal del Estado español” y aunque ha tratado de restar credibilidad al informe de OXFAM, hecho en base al Observatorio de Responsabilidad Corporativa, ha acabado reconociendo que el grupo tiene filiales en “las islas Caimán, en Man y en Jersey, fruto de la compra de franquicias locales”.

 

Ese caso, ha lamentado Paloma López, son “operaciones consideradas legales”, sin embargo, también se ha interesado por otros asuntos aún “más dudosos”. En concreto, la eurodiputada ha preguntado por la multa de un millón de euros que el Gobierno impuso en junio de 2015 a la entidad presidida hoy por Ana Patricia Botín “por reincidir en la no aportación de datos de una cuenta en el marco de una investigación por blanqueo”.

López-Monis ha tratado de nuevo de restar importancia al asunto, asegurando que la sentencia “no tiene motivo de fondo” y que “no falló el sistema de prevención del banco”, ni se negaron a proporcionar los datos, sino que se trató de “una deficiencia en la información de dos filiales de Banesto en Andalucía” y que la cantidad de la multa es tan elevada porque era la segunda vez que ocurría.

Paloma López se ha preguntado cómo un banco como el Santander “no pone este tipo de registros” a disposición de la Justicia. De hecho, llegó a litigar con el Tribunal Supremo para evitar que la multa apareciera en el Boletín Oficial del Estado, como finalmente ocurrió en octubre del año pasado.

La eurodiputada ha afeado a López-Monis que “la compraventa de su red de oficinas” se haya visto “salpicada por el caso Pujol” y  “los propietarios de sus acciones por la Lista Falciani”. Además, ha recordado, “sus accionistas históricos, los Botín, dan nombre a una doctrina ad hoc del Tribunal Supremo”, la doctrina Botín, gracias a la cual se limitó Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado el monopolio de la persecución de los delitos contra los intereses generales.

“¿No considera que casos como estos evidencian una peligrosa cercanía con las oligarquías españolas, en detrimento de la buena gobernanza bancaria?”, ha dicho la eurodiputada de IU, a lo que López-Monis ha respondido que la estrategia de gobernanza fiscal del banco la fija el propio Consejo de Administración. Precisamente en el Consejo de Administración están presentes los Botín, lo cual deja en evidencia un claro conflicto de intereses.

Por último, López ha pedido a la representante del Santander que confirmara si la banca española se benefició de un “descuento fiscal” del Gobierno en 2014, tras la reforma del impuesto de sociedades, lamentando el “carpetazo” dado a esta cuestión por la Comisión de Competencia. “Se fijó para las entidades de crédito un tipo superior al del resto de compañías”, ha explicado, sin embargo, “debido a la existencia de los DTA, de los que Santander es un importante tenedor, esto supuso un descuento fiscal, una especie de tax ruling a la inversa”. López-Monis se ha emplazado a contestar a esta cuestión por escrito.

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