martes , 14 agosto 2018
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IU defiende que el PE pida explicaciones al Gobierno por suprimir ayudas a las familias en viviendas sociales

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y la eurodiputada Ángela Vallina se han felicitado de que el Comité de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo haya decidido dirigirse al Gobierno español para pedir explicaciones por haber suprimido en el año 2012 la subsidiación de intereses a las familias que habían contraído préstamos para pagar Viviendas de Protección Oficial, tal y como ha denunciado la Associació Impagats Habitatge CV este lunes en la Eurocámara.

Dicha decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, que además tenía carácter retroactivo, dejó desprotegidas a cerca de 300.000 familias en todo el Estado, que por si fuera poco tuvieron que afrontar la carga extra que supuso pagar intereses por encima de los del mercado libre en el contexto de la crisis, abocando a muchas de ellas a quedarse sin su vivienda.

“Hay que poner en valor el trabajo de esta asociación que después de muchos años llegan aquí para exigir sus derechos”, ha dicho Albiol tras la exposición que han hecho los representantes de la Associació de su petición ante el comité PETI.

La portavoz de IU ha recordado que “la vivienda es un derecho humano tal y como marcan los artículos 11 y el 25 de la Declaración Universal y del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, pero que sin embargo en la UE se está vulnerando, sobre todo en países como España, Grecia o Portugal, donde la crisis ha tenido un mayor impacto.

Albiol ha denunciado que en el Estado español “la vivienda no se consideró un derecho, sino un negocio” durante décadas como lo demuestra que haya más de medio millón de familias sin casa, mientras que “más del 30% de las viviendas vacías de toda la UE están en España”, o que “el parque de vivienda social represente el 1%” del total cuando en Francia es el 17%.

Desde su punto de vista, ha quedado demostrado que se está incumpliendo el derecho comunitario en lo relativo a la vivienda y a las reclamaciones sobre la vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que han citado los peticionarios, así como en lo que se refiere a la inseguridad jurídica y desprotección de los consumidores, puesto que en el caso del País Valencià, más de 60.000 familias vieron cómo el Gobierno de la Generalitat Valenciana les prometió una ayuda que nunca llegó a pagarles, alegando motivos de déficit.

“Esto indica que es responsabilidad de la CE también, y creemos que no puede decir que no tenga competencias, puesto que si las tiene para obligar a Grecia a cambiar la ley para que se autoricen los desahucios en la primera vivienda, no puede lavarse las manos” con el caso español.

En este sentido, Vallina, que es la coordinadora del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica en el comité de PETI, ha explicado que la Comisión Europea tampoco puede decir que no es competencia suya cuando en su contestación a los afectados “afirma que el acceso a la vivienda es una medida importante para combatir la pobreza y exclusión social”.

“El derecho a la vivienda en España ha sido pisoteado por la especulación, los recortes y leyes injustas, que han tenido sentencias en contra como la del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cláusulas abusivas de la ley hipotecaria, y que han recibido condenas también de este Parlamento”, ha dicho, antes de considerar “muy grave” que se haya “ignorado la recomendación de la Defensora del Pueblo Español” sobre la eliminación de los subsidios.

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