jueves , 19 octubre 2017
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López exige a la CE que “ponga fin al expolio” al que someten a los agricultores los grandes distribuidores

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha exigido este martes a la Unión Europea más firmeza y decisión para “poner fin al expolio que las grandes compañías de la distribución hacen de las rentas de los agricultores”, después de que el comité de Economía (ECON) mantuviera un debate con la Comisión Europea y los reguladores nacionales sobre política de competencia.

En el debate, López se ha referido a la respuesta recibida de parte de la Comisión al Informe Anual de Competencia 2015 del Parlamento Europeo, en el que se aprobaron las enmiendas introducidas por Izquierda Unida para que el informe de Competencia incluyera un llamamiento para establecer un control público de los precios de los productos agrícolas y evitar los abusos que sufren los trabajadores del campo, que ven cómo los grandes beneficiados de la venta de lo que ellos producen acaban siendo las empresas de distribución.

Esto ha quedado reflejado en la respuesta de la Comisión Europea debatida hoy en ECON, algo que para López debe ser visto como un buen comienzo, aunque insuficiente. “IU se comprometió a impulsar la inclusión de la cuestión de los precios agrarios y las innumerables crisis que atraviesa el sector debido a los abusos de la gran distribución y parece que la Comisión está respondiendo a estas presiones”, se ha felicitado.

“La Comisión propone por primera vez medidas para gestionar el caos en el que se encuentran” y “para nosotros es un paso fundamental ya que, desde la reforma de la PAC, los mecanismos de gestión de mercado han ido desapareciendo”, mientras que a nivel europeo “no se han emprendido medidas vinculantes”. “Es hora de poner en marcha esas medidas, porque hasta ahora las recomendaciones voluntarias han demostrado ser un fracaso para defender los intereses de los agricultores europeos”, ha explicado.

No obstante, la eurodiputada de IU ha avisado de que “hay que ser cuidadosos” por dos motivos. En primer lugar, porque “las propuestas de la CE implican transferencias a las Agencias Nacionales de la Competencia”,  que pueden mantener la situación “injusta y desproporcionada que han permitido en mercados como el de la leche, la carne de porcino o los cítricos”.

En segundo lugar, porque la CE está insistiendo en que prevalezca “la estrategia de concentración de la oferta en determinados sectores, algo que ha demostrado ser poco efectiva” en la mejora de los precios percibidos y “muy peligrosa al concentrar los riesgos financieros, en lugar de desarrollar un sector agrario donde los agricultores sean el centro” y “sus rentas les permitan hacer frente a la volatilidad de los precios”.

En el transcurso de la reunión de ECON, López pidió a la CE que respete los llamamientos que ha hecho el Parlamento Europeo para reforzar “la actividad de competencia con observadores nacionales de precios en sectores como el agrícola”, con el fin de “disponer sanciones adecuadas a la distorsión de la competencia en la distribución”. “Vigilaremos de cerca el desarrollo de las medidas que lleve a cabo la Comisión, para que no se repitan los errores del pasado donde los agricultores han sido las víctimas de las sanciones”, se ha comprometido.

Con respecto a la transparencia en los precios y los beneficios de las empresas, la eurodiputada de IU lo considera un “indicador fundamental para detectar comportamientos oligopolísticos y así poder sancionarlos”. Así, ha criticado que en el Estado español desde 2007 las multas por esta posición de mercado se limitan al 10% de la facturación, cifra que en muchas ocasiones puede verse reducida en los juzgados.

López ha considerado necesario que la CE haga un estudio sobre si esta problemática es generalizada en toda la UE y busque medidas para solucionarla. “No tanto con un enfoque armonizador” a nivel de multas, “que apenas hacen cosquillas a las multinacionales, como hemos visto en los casos de elusión fiscal”, sino con umbrales que “refuercen el poder sancionador de los intereses populares frente a los oligopolios”, ha dicho.

También ha criticado la poca utilidad de que el debate sobre estos mecanismos sancionadores dé por hecho que se aplican en una situación natural de competencia, cuando “muchos abusos oligopolísticos son protegidos por el Estado para no perjudicar los intereses de las grandes compañías privadas”. Ese es el caso de las eléctricas en España, ha apuntado, donde “los pagos por capacidad redundan en “un beneficio extra para las empresas que acaban pagando las familias y la industria” y donde hay evidencias “directas e indirectas de que otros costes tarifarios como la moratoria nuclear o la amortización de las viejas instalaciones hidroeléctricas superan ampliamente su valor de construcción y explotación”.

En opinión de López, la mejora de los instrumentos sancionadores debería tenerse en cuenta “de manera integral” con “el refuerzo de los poderes de inspección de las autoridades de competencia” y “la mejora de la transparencia de los operadores en sectores como los servicios públicos de gestión privada, las eléctricas o la banca”.

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