viernes , 29 mayo 2020
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López critica que la CE se desentienda de la crisis de la siderurgia en España dejándola en manos del Gobierno

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha criticado la postura de la Comisión Europea de dejar “única y exclusivamente” en manos del Gobierno la aplicación de un plan de inversión pública que permita mejorar la castigada situación de la industria siderúrgica en España, al asegurar en respuesta a una pregunta parlamentaria que está en su poder “sacar el máximo provecho del actual marco de ayudas adaptando el apoyo público a las situaciones, prioridades y condicionantes nacionales”.

“Nos parece que la CE podría estar haciendo mucho más en lugar de dejar el futuro del sector del acero en manos del Gobierno, teniendo en cuenta que, las políticas de austeridad y recortes que se imponen desde Bruselas y se aplican desde Madrid, es una de las causas de la falta de ayudas públicas al sector”, ha dicho.

López formuló una pregunta parlamentaria a la CE el pasado mes de febrero en la que reclamaba soluciones a la UE ante problemas crecientes como el dumping social, los sobrecostes de la electricidad, la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y la ausencia de un marco ambicioso de ayudas públicas.

En su respuesta, la CE evita hacer una referencia directa a España, pero sí sugiere que cualquier tipo de mejora depende del Estado miembro. “Las normas de la UE sobre ayudas estatales ofrecen posibilidades para preservar y mejorar la competitividad de la siderurgia y los Estados miembros pueden aplicarlas  plenamente”, escribe la comisaria Bieńkowska.

La eurodiputada ha acusado en reiteradas ocasiones a la CE de estar utilizando su política de competencia “para reforzar, en vez de inhibir, las tendencias del mercado”, lo que fuerza “a los trabajadores y a los Estados a competir entre ellos para reducir salarios y estándares sociales, desindustrializando en el camino regiones enteras”.

Esto queda “patente” en la respuesta de la CE y “afecta directamente de forma negativa a las condiciones de los trabajadores”, ha comentado López, quien ha criticado el “constante afán” de la UE en centrar todas sus políticas en “conseguir más eficiencia, precios competitivos y mejor nivel de servicio”, como asegura la comisaria en su escrito.  A su juicio, “lo que falta en la UE y en España es la apuesta firme y decidida por un nuevo modelo productivo, que priorice el empleo de calidad, la innovación y la formación”, en lugar de “dejar todo en manos del libre mercado”.

López, que ha puesto como ejemplo el cierre temporal de la planta de ArcelorMittal en Sestao, ha advertido de que “este tipo de políticas lo único que fomentan es el dumping social y ambiental, favoreciendo la desindustrialización de algunos países de la UE, que no pueden competir ni en precios ni en salarios con países en los que las condiciones de los trabajadores y el impacto de la industria sobre el medioambiente se rige por normas mucho más bajas”.

La eurodiputada también ha considerado “insuficientes, pobres y erróneas” las soluciones que propone la comisaria en materia energética para la industria. Bieńkowska lo reduce todo a la supuesta gran oferta que dan a los consumidores “los mercados liberalizados de la electricidad”, lo que incluyen a su juicio, “la libertad de elección de la duración de los contratos”.

Para López, “es importante que la CE, a la hora de hacer este tipo de valoraciones, tenga en cuenta la situación concreta de los Estados” y “en España, está claro que los elevados costes energéticos son producto de una liberalización favorable a los oligopolios privados”. Oligopolios que, ha dicho, abusan constantemente en aspectos como “la definición de los pagos por capacidad, las garantías por inversiones fijas o la tarificación por encima del coste medio”, mientras que “la política de competencia opta por obviar los escándalos”. Este ámbito forma parte también de uno de los apartados del reciente informe que ha elaborado López sobre las renovables en Europa y que será votado el próximo mes de junio por el pleno del Parlamento Europeo.

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