jueves , 21 enero 2021
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IU acusa al Gobierno de incumplir directivas europeas y convenios de la ONU sobre personas con discapacidad

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha acusado al Gobierno de estar incumpliendo el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, al impedir que 80.000 personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho al voto en el Estado español por incapacitarlas legalmente.

“Es lo que nos está diciendo la Comisión Europea al afirmar que cada Estado puede variar su legislación para cumplir con el Derecho de la Unión en los procesos electorales”, ha apuntado la eurodiputada tras recibir respuesta de la comisaria Vera Jourová a una pregunta parlamentaria presentada el pasado mes de febrero en la que denunciaba estos hechos.

En concreto, Jourová explica que es competencia de los Estados “regular, teniendo debidamente en cuenta el Derecho de la Unión, las condiciones en las que los nacionales del Estado miembro tienen derecho a votar” y subraya que el derecho a voto es un derecho fundamental que está reflejado en el Convenio de la ONU antes citado y forma parte de la Estrategia europea hasta 2020.

La eurodiputada tiene claro “que el Gobierno del Estado español, al negar el derecho al voto a esas 80.000 personas, está violando dichos tratados y debe modificar su legislación para adaptarse”. “O al menos cumplir lo que firma”, ya que, como ha recordado, “el Gobierno español ratificó en 2008 el texto de la ONU y, sin embargo, la aplicación estricta de Ley Orgánica del Régimen Electoral [LOREG] permite este tipo de situaciones discriminatorias”.

Ese año, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas pidió al Ejecutivo que modificara la LOREG, que en su articulado permite a los jueces aplicar una incapacidad legal a personas con discapacidad, despojándolas de su derecho a ejercer el voto. Dos años más tarde fue la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la que solicitó un informe para introducir los cambios necesarios en la LOREG, “pero el plazo, que era de seis meses, no se ha cumplido”, ha insistido Albiol.

En cualquier caso, la portavoz de IU en Bruselas estima que “la actitud de la CE no es suficiente” y cree que podría estar “haciendo más para mejorar la situación de las personas con discapacidad en el Estado español y otros Estados miembros”.  “No nos basta con que Jourová diga que la CE está empeñada en cumplir con los convenios que firma y no pida al Estado español que rectifique y lo haga también” ha dicho, antes de añadir que esta anomalía “demuestra una vez más que sólo trabaja para la imposición de sus medidas económicas austericidas”.

“La extensión de derechos le resulta un tema secundario por el que no están dispuestos a enfrentarse a los Estados. Lo vemos con los refugiados, pero también en los derechos del día a día de estas 80.000 personas que ven limitados sus derechos políticos al no poder votar”, ha denunciado.

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