viernes , 20 octubre 2017
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Vallina defiende la creación de un fondo de emergencia europeo para los afectados por la Hepatitis C

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina defendió el pasado miércoles durante un debate en la comisión de Peticiones (PETI) sobre las mejoras que debe introducir la Unión Europea para facilitar el acceso a los medicamentos, la creación de un fondo de emergencia europeo para las personas afectadas por la Hepatitis C.

Asimismo, propondrá la elaboración “de un plan de estudio y recogida de datos sobre la prevalencia de esta patología en la UE”, que se implementen medidas “que faciliten la investigación y apuesten por la financiación de proyectos para combatir la enfermedad”, así como una serie de recomendaciones “que permitan realizar un diagnóstico temprano de esta patología a nivel de la UE”.

Vallina explicó que estos aspectos, además de la “adopción de nuevas fórmulas de patentes públicas que eviten el actual lucro desmesurado de la industria farmacéutica” serán incluidos como enmiendas del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en la opinión que será enviada desde PETI a la comisión de Salud Pública, que trabaja en la actualidad en un informe de la Eurocámara.

“Los Estados miembros de la UE deben asegurar el acceso universal a la Sanidad Pública, gratuita y de calidad” y “por tanto, a los medicamentos”, reivindicó la eurodiputada antes de reiterar “todo el apoyo del GUE/NGL a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en España”.

Vallina puso como ejemplo de lucha a esta plataforma, que “con mucha movilización y meses de protestas lograron que el Ministerio de Sanidad accediera a suministrar los tratamientos a unos 50.000 pacientes”. Sin embargo, lamentó, “el Gobierno sigue negando un acceso universal y sólo tratará a los más graves”.

La sanidad, dijo Vallina, “es un derecho humano fundamental” y el acceso a los medicamentos “ha de ser un derecho garantizado, no sólo para los ciudadanos de la UE, sino para todos los residentes, para las personas migrantes o solicitantes de asilo”. “No podemos permitir que la industria farmacéutica siga haciendo negocio a costa de la muerte de miles de personas cada año”, sentenció.

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