lunes , 11 diciembre 2017
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Eurodiputados del Grupo de Memoria denuncian ante la UE que la Fiscalía impidiera declarar a Gerardo Iglesias

Los eurodiputados que conforman el Grupo de Memoria Democrática del Parlamento Europeo se han sumado a la denuncia presentada ante la Comisión Europea por la portavoz de Izquierda Unida en Bruselas, Marina Albiol, después de que la pasada semana la Fiscalía impidiera declarar a Gerardo Iglesias por las torturas sufridas durante el franquismo.

La declaración del excoordinador federal de IU estaba prevista para el 4 de octubre en Oviedo en el marco de la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del franquismo. En concreto, Iglesias debía dar testimonio de las torturas a las que le sometió el Policía Pascual Honrado, imputado por la jueza argentina María Servini, que lleva la causa en el país latinoamericano. Asimismo, debía declarar sobre las palizas que recibieron sus padres y el asesinato de un familiar.

La Fiscalía, sin embargo, impidió la declaración de Iglesias y se lo comunicó a su abogada tan sólo unos minutos antes de que comenzara la vista. Este hecho es para Albiol una clara obstrucción de la Justicia, que sigue permitiendo la impunidad de los crímenes del franquismo amparándose en la ley de Amnistía.

Así lo refleja en una pregunta parlamentaria a la que han sumado su firma el resto de componentes del Grupo de Memoria Democrática, Ernest Urtasun (ICV), Miguel Urbán (Podemos), Josu Juaristi (EH-Bildu), Izaskun Bilbao (PNV) y Josep-Maria Terricabras (ERC).

En ella, Albiol afirma que la decisión del Ministerio Público “es contraria a los acuerdos en materia judicial suscritos entre el Estado español y la República Argentina”, además de vulnerar “la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, que entre otras cosas, añade, “dispone que las amnistías pueden imponerse al finalizar un proceso judicial, no antes de iniciarse”.

Los eurodiputados preguntan a la CE si está de acuerdo con este procedimiento y si ha entablado algún tipo de diálogo con las autoridades españolas para que se garantice el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

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