lunes , 21 mayo 2018
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Vallina reclama en su informe al PE más medios para PETI y exige a la CE una mayor implicación

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina presentó ayer por la tarde el primer borrador de su informe al Parlamento Europeo sobre el trabajo de la comisión de Peticiones (PETI) durante el año 2015. El texto, que deberá ahora incorporar las enmiendas que hagan los diferentes grupos políticos hasta su presentación definitiva en el pleno, hace una defensa cerrada de la labor de PETI como enlace entre las instituciones comunitarias y la ciudadanía y supervisor de que se cumple la legislación de la UE. Por ello, reclama más medios técnicos y de personal  y exige a la Comisión Europea que se implique más a fondo en los casos.

En 2015, según los datos que refleja el informe, se registraron un total de 1.431 peticiones de los diferentes Estados miembros de la UE. Esa cifra representa un importante descenso con respecto al año anterior (de un 47%) y viene a confirmar una cierta tendencia a la baja en la presentación de este tipo de reclamaciones a la UE. Sin embargo, el hecho de que haya aumentado el número de peticiones admitidas a trámite (el 65,9% con respecto al 60% en 2014) y se hayan reducido las desestimadas (un 33,8% por el 39,9% de 2014), implicaría que los temas que llegan a la Eurocámara son cada vez más relevantes y competencia de la UE.

A lo largo del informe, Vallina pone de relieve el papel de PETI como herramienta “de escucha y ayuda” para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de la UE, y destaca que es un mecanismo fundamental para “evaluar el impacto de la legislación comunitaria” en la sociedad.  Pero también para supervisar que se cumple dicha legislación de forma adecuada, o “detectando lagunas en la transposición” de las normas por los Estados miembros.

Si bien la eurodiputada pone en valor el esfuerzo que se ha hecho desde PETI para reducir los tiempos de tramitación y evaluación de las diferentes peticiones, cree que se “debe dotar de un mayor número de recursos técnicos y de personal al Secretariado” para “garantizar” que la eficacia aún es mayor.

Vallina no cree que la Comisión Europea no esté implicada en atender las demandas que llegan a PETI, sin embargo, sí que critica el hecho de que sus respuestas “no aporten nuevos elementos” o “información nueva o relevante que permita resolver las cuestiones planteadas” por los peticionarios en los debates públicos.

Otro de los puntos más relevantes del informe de Vallina está en que la eurodiputada considera “primordial” mejorar la cooperación con  los parlamentos estatales y sus comisiones, así como con los Gobiernos de la UE. Y una forma de conseguir que esto se produzca sería alentando “la presencia de representantes de los Estados miembros y las autoridades locales” en las reuniones de PETI, algo que no siempre se produce. También que el Consejo y la Comisión Europea estén representados en las reuniones y audiencias de PETI.

Por otro lado, Vallina se muestra crítica con los problemas que surgen en determinadas ocasiones a la hora de decidir si la UE tiene o no tiene competencias para tratar una determinada problemática que se presenta en PETI, generando muchas veces frustración y un sentimiento de indefensión en los peticionarios. Por ello, pide a la Comisión Europea que “adopte un nuevo enfoque” que se adapte a las expectativas de los ciudadanos.

Alaba en el texto determinadas iniciativas, sobre todo en lo relativo al trabajo desarrollado en 2015 por PETI sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero considera necesario que la Comisión Europea designe a una persona como encargada de tratar estas peticiones en exclusiva.

Además, reclama un mayor respeto por las iniciativas ciudadanas europeas, como “un nuevo derecho político” y una “herramienta relevante para definir la agenda política”, como por ejemplo la Iniciativa del Agua que acudió a PETI el año pasado. En este sentido, Vallina exhorta a la Comisión europea a “seguir todas las recomendaciones” hechas por la Eurocámara en diversas resoluciones y garantizar “un efectivo ejercicio del derecho a presentar” dichas iniciativas ciudadanas.

Por último, también hace una referencia explícita a las resoluciones del Parlamento Europeo en torno a las cláusulas abusivas en la ley hipotecaria española y solicita a la Comisión Europea que supervise “de cerca el cumplimiento de la Directiva 2014/17/UE sobre el crédito hipotecario y a compartir las mejores prácticas para la protección de los ciudadanos con dificultades financieras” en todos los Estados miembros.

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