viernes , 20 abril 2018
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El Parlamento Europeo aprueba el informe de Vallina sobre la comisión de Peticiones

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por 441 votos a favor y tan sólo 97 en contra el informe de la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina sobre el trabajo de la comisión de Peticiones (PETI) en 2015. La eurodiputada se ha mostrado satisfecha porque el texto haya salido adelante con ese respaldo ya que refleja la importancia de este comité de la Eurocámara, que es el “mejor termómetro que tiene esta Cámara para medir las preocupaciones de la población” de la Unión Europea.

Además, ha destacado que el resultado de la votación haya permitido mantener una de las principales reivindicaciones de su informe, que es lo relativo al tratamiento que da la Comisión Europea a las peticiones presentadas, así como la información y la eliminación de barreras burocráticas para la presentación de las mismas. Sin embargo, ha lamentado que la derecha, encabezada por el EPP, “haya logrado eliminar las referencias a las medidas de austeridad y la incapacidad de resolver la crisis financiera” que pretendían “proteger los derechos fundamentales y la dignidad”.

Durante su intervención esta mañana en el debate, la eurodiputada, que es coordinadora del Grupo de la Izquierda Unitaria / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en PETI, explicó que a pesar de que se haya reducido considerablemente el número de peticiones presentadas, es necesario ser conscientes de que “las denuncias medioambientales sobre vulneraciones del principio de precaución” siguen siendo las más numerosas. En especial, apuntó, “las referentes a tratamiento y gestión de residuos, la gestión de las cuencas hidrográficas y los parques naturales, tal y como ocurre en mi región, Asturias, además de las que tienen que ver con la preocupación creciente por las prácticas de fracking”.

Vallina también ha incidido en el número de peticiones relativas a “denuncias por vulneración de los derechos de los consumidores, la discriminación de personas con diversidad funcional, de la libre circulación de personas, de los ERE, del maltrato animal y el derecho al voto”, como ha sido el caso de las denuncias por el voto rogado que se aplica a los ciudadanos del Estado español en el extranjero.

PETI “es miembro de la red europea de defensores del pueblo”, señaló Vallina, quien abogó por ampliar el papel de la comisión “como interlocutora dentro del Parlamento” y lo recomendable de que el resto de comisiones de la Eurocámara se impliquen en los casos que tratan “a través de la red intraparlamentaria”.

Por otro lado, explicó, muchas de estas denuncias no se producirían “si los Estados miembros aplicaran el Derecho de la UE”. En este sentido, Vallina ha recordado que en 2015 el Estado español “tuvo que llamar la atención al Gobierno español por la escandalosa legislación hipotecaria y de instrumentos financieros de riesgo”, que han afectado desde el inicio de la crisis a centenares de miles de familias, que se han visto expuestas “a los desahucios, a las cláusulas abusivas y al escándalo de las preferentes”.

Pero eso no es todo, ya que la CE debe hacer también su parte, y “a la que van dirigidas la mayor parte de las críticas de este informe, porque debe velar por el respeto de los tratados y el Derecho de la Unión, también en lo que se refiere al derecho de petición”. “Pedimos que la CE se involucre más en el tratamiento de las peticiones, que estudie con más detenimiento los casos y que las respuestas presenciales ante los peticionarios no sean tan escuetas y añadan información adicional”, ha reclamado.

Por otro lado, Vallina exigió una revisión de la directiva que regula las iniciativas ciudadanas “que son otra herramienta fundamental para la democracia participativa”. “Se deben facilitar los trámites y proponer cambios normativos, no como con la iniciativa sobre el Derecho al agua, que no tuvo ningún compromiso por parte de la CE, o la de la campaña Stop TTIP, que fue desestimada pese a contar con más de tres millones de firmas”, criticó

Esto, sumado a la “opacidad” con la que trata la CE “los procedimientos de investigación e infracción”, es otro de los temas tratados en el informe, que pide de manera expresa “que desclasifiquen la información que tenga que ver con peticiones abiertas”.

Además, Vallina lamentó que la CE “interprete de forma tan estricta el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, utilizada muchas veces para argumentar que no tiene competencias en determinadas materias. En opinión de la eurodiputada, “se debe intervenir ampliando derechos donde no se llega”, como ha ocurrido con el acceso a los medicamentos de los enfermos de Hepatitis C, o con las víctimas de la Talidomida, “porque es la única manera de seguir avanzando como sociedad”.

La eurodiputada de IU ha recordado, por último, que el informe hace también “un llamamiento a una mayor transparencia” y a que se pongan en marcha “mecanismos de democracia más participativa en la Unión Europea”, porque “para realizar un trabajo de servicio a la ciudadanía, hemos de ser autoexigentes”.

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