domingo , 24 junio 2018
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López defiende la Carta Social Europea como punto de partida de una UE en la que los derechos sociales se antepongan a lo económico

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha defendido este miércoles el valor que tiene la Carta Social Europea como “instrumento legalmente vinculante” en la Unión Europea, para la defensa de los derechos sociales que tanto Bruselas como los gobiernos de los Estados miembros, ya sea por iniciativa propia o por imposición de la gobernanza económica, han ido eliminado en los últimos años con la coartada de la crisis económica.

Derechos como el de huelga, el de la negociación colectiva o incluso el de una pensión digna que hoy soportan un ataque sin precedentes y que, sin embargo, estarían protegidos por la Carta pese a ser “una gran desconocida” para la mayor parte de la ciudadanía europea. Esto hace de ella uno de los elementos clave “de una integración europea alternativa, basada en los derechos sociales y no en las libertades económicas”.

Así lo ha explicado López durante la presentación de unas jornadas de discusión sobre Derechos Sociales en la UE y la Carta Social Europea en las que la eurodiputada de IU ha sido coorganizadora por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica.

“Hoy 8 de marzo, día Internacional de la Mujer Trabajadora, es una buena fecha para recordar a la Carta Social Europea” ha dicho López, en referencia a que la versión de 1961 que fue ratificada por el Estado español, aunque la incumple constantemente, “reconoce el derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo y a la protección social y económica, incluido el permiso de maternidad y la prohibición del despido en caso de que eligieran ser madres”. Unos principios que no sólo no se cumplen en España sino que “se han traspuesto muy tardíamente y sólo de manera parcial en la legislación europea” y que “siguen incumpliéndose en la mayoría de Estados miembros”.

Y como mujeres trabajadoras, “la Carta Social Europea nos reconoce también derechos fundamentales como la negociación colectiva, el derecho a huelga y el acceso universal a los servicios del Estado del Bienestar”. “Derechos que están ahora mismo bajo ataque en la mayor parte de Estados Miembros pese a que todos ellos son parte, en su versión original o revisada, de la carta”, ha indicado.

La iniciativa, dividida en dos módulos, ha repasado “la experiencia jurídica en diferentes Estados miembros con el objetivo de exigirles que apliquen de manera subsidiaria las orientaciones” de la Carta Europea, “también cuando se traspone o implementa la legislación europea”. En concreto, López se ha referido al caso Laval, “que supuso una grave restricción del derecho de huelga y la negociación colectiva de los trabajadores desplazados”, restricción que “la nueva propuesta de directiva de la Comisión no ha resuelto todavía”.

Asimismo, se ha abordado la relación de la Carta Social Europea, “con la Carta de Derechos Fundamentales y el sentido que debe darse a las referencias a la Carta Social Europea en los Tratados”, así como “la posibilidad de una accesión de la propia UE a la Carta Social Europea”. En este contexto, López ha acusado a la Comisión Juncker de ser “incapaz de hacer una propuesta concreta para el futuro de la Unión Europea que profundice y defina una mayor armonización social y laboral”. Sino que “gracias al amparo de competencias laxas como las de la Gobernanza Económica”, pero también “el Mercado Único, como está sucediendo con el actual conflicto de los estibadores”, se están “erosionando derechos básicos en el ámbito laboral o en el sector público”.

“Creo que estamos en un momento de redefinición de muchos de los pilares de la propia UE. El pilar social, el Libro Blanco que presentó la Comisión la pasada semana y las negociaciones del Brexit reflejan una preocupación creciente por el futuro de la Unión Europea y muestran el fracaso de una integración europea que antepone las libertades económicas y los derechos sociales. Quizá la Carta Social Europea pueda ayudarnos a emprender un camino diferente”, ha indicado.

Tras esta introducción, López ha dado la palabra a Carmen Salcedo, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, quien ha definido la Carta Social Europea como el “instrumento jurídico internacional más importante y efectivo” para la defensa de los derechos sociales que hoy están amenazados.

Su importancia, según ha explicado Salcedo, es tal, porque al ser “vinculante” una vez ratificada, se sitúa por encima de las normas estatales que puedan vulnerar los derechos que en ella se recogen, incluso aunque el Tribunal Constitucional diga que la legislación estatal es constitucional.  En el caso del Estado español esto se ha convertido en algo especialmente relevante “a partir de 2012”, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy “empezó a adoptar toda una serie de medidas en materia de derechos sociales y derechos humanos” que la contravienen.

La profesora se ha referido a las medidas que afectaron a la negociación colectiva, la posibilidad de que los empresarios no apliquen los convenios colectivos, el despido libre en el primer año de prueba, eliminar la asistencia sanitaria gratuita a las personas y todo lo relativo a la devaluación de las pensiones. “Partiendo de esas modificaciones, la realidad es que mientras que hay una normativa nacional que las ampara y unas recomendaciones de la Troika, España tiene ratificada la carta social de 1961 y el protocolo de 1988”, y mientras siga ratificándola, cualquier persona “podrá invocar en sede judicial la Carta Social Europea” para defenderse.

Gracias a esto, se están viendo reconocidos muchos derechos que las leyes ya no defienden, lo que convierte a la Carta Social Europea en ese “instrumento jurídico efectivo”. “En estos momentos España es uno de los países más efectivos a la hora de reconocer derechos cuando se invoca la Carta Social Europea” ha asegurado Salcedo, poniendo como ejemplos más claros tres materias: “La anulación de contratos que se dan por finalizados en el primer año del periodo de pruebas del contrato a emprendedores, en materia de pensiones y en lo relativo al tiempo que un trabajador está disponible para un empresario fuera del puesto de trabajo”.

El Tribunal de Justica de la Unión Europea, “en este caso, dijo que no se podía considerar como tiempo trabajado el que un empleado atienda sus labores fuera del tiempo y lugar de trabajo, sin embargo, la Justicia española, en base a la Carta Social Europea, tuvo que reconocerlo”.  “No conocer la Carta Social Europea –ha sentenciado- conlleva que no se te garanticen todos los derechos”.

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