miércoles , 18 octubre 2017
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IU denuncia ante la UE la represión financiera a la que somete Marruecos a los activistas saharauis

La eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental de la Eurocámara Paloma López ha registrado esta semana una pregunta parlamentaria en la que exige a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, que se pronuncie ante el hostigamiento económico que está llevando a cabo el Reino de Marruecos contra una serie de activistas saharauis.

Haciéndose eco de las denuncias de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos (ASVDH), López informa a la jefa de la diplomacia europea que Marruecos, en un paso más en la represión de cualquier movimiento que reclame la autodeterminación del Sáhara Occidental, está utilizando sanciones económicas ilegales contra activistas saharauis de derechos humanos.

Estas acciones afectan al menos a una quincena de personas y están enfocadas a evitar a toda costa su participación en la vida pública a través de la privación económica.

En concreto, la ASVDH ha denunciado que Aminatou Haidar, Mina Baali, Mbarka Alina Baali, Ali Salem Tamek, El Ouali Malaainine, Mohamed Mayara, Sidi Mohamed Alouat y Omar Ndour, todos ellos funcionarios, han sido privados de su salario. A ellos se les suman Fatima Diraa, Mahfouda Lefkir, El Houssin Ennassiri, Abdekarim Mbirkatte, Gajmoula Ismaili, Essaleh Meillid, que han visto congeladas sus tarjetas de Promoción Nacional, lo que en la práctica puede acarrear que se queden sin trabajo. Por último, Marruecos ha retirado a Fatimatou Bara, Mohamed Saleh Dial sus concesiones profesionales.

López cree que “esta situación de discriminación viola claramente el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y por ello pide a Mogherini que explique si en el marco del diálogo abierto entre la UE y Marruecos ha tenido conocimiento de esta situación y qué medidas piensa tomar al respecto.

Considerando que estas acciones violan el derecho humanitario internacional, la eurodiputada también ha pedido que el uso sistemático de cualquier forma de persecución económica suponga la cancelación del Tratado de Asociación entre Bruselas y Rabat que, como en otros acuerdos comerciales que firma la UE, vincula su mantenimiento, en su artículo 2, al respeto de los derechos humanos.

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