sábado , 25 noviembre 2017
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López avisa de que la “irresponsabilidad” del Gobierno en la gestión de residuos expone al Estado español al pago de “multas millonarias”

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha avisado este martes de que la “irresponsabilidad” del Gobierno de Mariano Rajoy en el tratamiento y gestión de residuos va a costarle al Estado tener que enfrentarse al pago de “multas millonarias” por no respetar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exigió el cierre de 291 vertederos ilegales. Asimismo, ha calificado de “preocupante” que a falta de diez días para que se cumpla el plazo dado por la Comisión Europea, tres de los programas de gestión de residuos, que debían cumplir una serie de requisitos antes de ser aprobados y financiados por la UE, aún no cumplan con las condiciones necesarias.

La reacción de López se produce después de recibir la contestación del comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, a una pregunta parlamentaria en la que se hacía eco de las sentencias del TJUE contrarias al Estado español y en la que solicitaba, además, un listado de los proyectos de residuos que se habían visto privados de la financiación con cargo a los fondos FEDER por estar incumpliendo la legislación comunitaria.

Vella explica en su contestación que efectivamente, la Comisión puede “suspender los pagos” correspondientes a determinados proyectos de reciclaje y gestión de residuos si los Estados miembros no pueden demostrar que están cumpliendo la normativa y pese a que ese plazo termina el 30 de junio, informa a la eurodiputada de que en el caso del Estado español, hay aún tres programas cuya “evaluación está aún en curso”.

“Nos parece preocupante que pese a una prórroga de seis meses, España no haya conseguido verificar que se han cumplido las condiciones para los fondos europeos de residuos”, critica la eurodiputada, antes de recordar que “quedan sólo 10 días” y “hay tres programas que siguen en el aire”, lo que demuestra, a su juicio, “una preocupante falta de interés por cumplir la legislación europea que puede dejarnos sin fondos públicos para acometer una mejora de la recogida de residuos en el Estado”.

En lo que se refiere a los vertederos ilegales, Vella también explica que la Comisión está estudiando las acciones del Gobierno de Rajoy, que fue condenado por el TJUE en febrero de 2016 y marzo de 2017 con las sentencias C-454/14 y C-563/15. Por ahora, la institución comunitaria está “evaluando la respuesta de las autoridades en lo que respecta a las medidas propuestas para clausurar los (al menos) 291 vertederos incontrolados identificados en toda España en el marco de un tercer procedimiento de infracción”. La Comisión, asegura, “adoptará las medidas oportunas para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la legislación pertinente de la Unión y las sentencias del Tribunal de Justicia”.

Para López, ese “al menos” empleado por Vella indica que la situación real puede ser aún peor de lo que señalan las sentencias del TJUE y que “el número de vertederos ilegales, según la normativa europea, puede ser superior a los 291 identificados en su última condena”.

“Nos arriesgamos a multas millonarias, como sucedió en su día con Italia y Grecia”, ha dicho la eurodiputada que no tiene dudas de que “cuando se trata de derechos sociales y normas ambientales, el Gobierno del PP no tiene ninguna prisa para cumplir las sentencias del TJUE”.

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