Martes , 25 Julio 2017
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López señala que la sentencia del TJUE sobre la estiba “sanciona a un Gobierno que ha actuado tarde y sin querer buscar una solución acordada”

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra España por el retraso de la reforma de la estiba es el resultado de la inacción del Gobierno del Partido Popular que, además de haber actuado tarde y no haber defendido ante la UE el anterior modelo, no ha querido buscar antes una solución pactada con los trabajadores. Asimismo, recuerda que lo más importante del conflicto de los estibadores está en “la valentía” demostrada por los trabajadores, que en los últimos meses han luchado por sus derechos a pesar de la campaña de difamación y criminalización que han tenido que soportar.

La sanción de tres millones de euros “es obvio que no es una buena noticia”, porque “de nuevo los contribuyentes tendrán que pagar la factura de un Gobierno que no hace los deberes” y que, “en este caso, si hubiera intervenido a tiempo, tratando de buscar un acuerdo con todos los actores, se habría podido evitar”.

“Hablamos de una cuestión que se ha venido alargando desde 2011, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha optado por forzar una liberalización del sector, antes de adaptar la ley de la estiba a la legislación comunitaria y las normas de la Organización Internacional del Trabajo”.

Y desde entonces, “en lugar de haber tratado de negociar con Bruselas y con los trabajadores una salida pactada y justa para todos, ha preferido la confrontación y la estigmatización de un colectivo que ha demostrado su unidad frente a las amenazas”.

En este sentido, “debemos resaltar el ejemplo de los estibadores, a los que hay que felicitar porque pese a la campaña de acoso y derribo que han sufrido, han conseguido, sin dejarse intimidar, que se respeten aspectos clave de sus demandas, como la subrogación de los puestos de trabajo”.

López ha recordado que en la actualidad la Comisión Europea tiene abiertos 42 expedientes de infracción contra el Gobierno por vulnerar la normativa comunitaria, lo que hace del Estado español el socio de la UE con mayores contenciosos en marcha. De hecho, en los dos últimos años se han multiplicado este tipo de avisos desde Europa.

“Esperamos que, igual que con este conflicto, se ponga el foco mediático y la misma premura política en otros casos abiertos como el de los vertederos ilegales, los almacenes nucleares o los conflictos de interinos y trabajadores desplazados”, ha dicho López.

La eurodiputada ve “indispensable” que “se resuelvan legislativamente cuanto antes” los numerosos conflictos abiertos, “la mayor parte de ellas, sobre normativa ambiental y laboral europea”.

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