viernes , 20 octubre 2017
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López presenta la estrategia del GUE/NGL contra un paquete de movilidad de la CE que “legaliza la explotación” de los trabajadores del transporte

La eurodiputada de Izquierda Unida ha explicado en la conferencia de la Red de Sindicatos Europeos las diferentes líneas que seguirá la izquierda europea en la comisión de Empleo para contrarrestar la reforma planteada por la UE. Denuncia que en lugar de combatir el dumping social y laboral, así como los abusos y el fraude en el sector del transporte por carretera, la Comisión ha hecho una propuesta “a medida del mercado”.

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha explicado esta mañana en Bruselas cuál será la línea de trabajo de los diferentes miembros del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) en la comisión de Empleo para contrarrestar los nefastos efectos que tendrá la reforma del paquete de movilidad propuesto por la Comisión Europea en la vida y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras europeos.

En una intervención en la conferencia de la Red de Sindicatos Europeos (TUNE) coorganizada por el GUE/NGL, López ha mostrado pocas dudas de que pese al propósito inicial de la Comisión de luchar contra el dumping, combatir situaciones de fraude y abusos, o terminar con las prácticas de las empresas buzón y la discriminación a la que están sometidos los profesionales desplazados del transporte por carretera, las medidas anunciadas el pasado mes de mayo son insuficientes y van en la línea contraria.

El paquete de movilidad está compuesto por tres propuestas legislativas centradas en diferentes aspectos del transporte por carretera, como “el tiempo de conducción y descanso, el desplazamiento de trabajadores, el cabotaje y el acceso a la profesión”.

López será la responsable del GUE/NGL de desarrollar precisamente la propuesta de reglamento sobre los tiempos máximos diarios y semanales de conducción, y los periodos de pausa y descanso mínimos en el transporte por carretera, un ámbito en el que los trabajadores y trabajadoras están expuestos a unas condiciones de precariedad y explotación a las que “la Comisión no da respuesta”.

“El sector del transporte por carretera de la UE se encuentra en una situación crítica en términos de respeto de los derechos laborales y sociales de los conductores, hay serios problemas de competencia entre los operadores de transporte por carretera y está repleto de sistemas y prácticas fraudulentas, como por ejemplo las realizadas por las conocidas como empresas buzón”, ha señalado.

De ahí que, desde su punto de vista y el del GUE/NGL, “el paquete de movilidad no busca beneficiar a los trabajadores, sino a los mercados”, y en base a la política de competencia “dejar que sean ellos los que sigan regulando todo”.

En lo que se refiere al aspecto que ella desarrollará en la comisión de Empleo, López ha explicado que la Comisión pretende “cambiar el periodo de referencia para el cálculo los tiempos de conducción de dos a cuatro semanas”, lo que conlleva que, durante un mes, “los conductores deben descansar dos periodos de 24 horas y otros dos de 45 horas”.

En la práctica, ha señalado, “esto supondrá la concentración del tiempo de conducción en las tres primeras semanas del mes”, mientras que “el descanso obligatorio se dejará para la última semana”.

Desde su punto de vista, “el resultado es alarmante porque significa que los trabajadores tendrán sólo dos días de descanso en un periodo de 16 días de conducción, con la correspondiente peligrosidad que esta falta de descanso y fatiga tiene para el conductor y para los demás”.

En cuanto a los descansos semanales y la vuelta al país de residencia del conductor, “la propuesta de la Comisión no se dirige a solventar el gran problema del tráfico de mano de obra entre países de la Unión Europea”, ha criticado.

“Las empresas de transporte por carretera se dedican a importar trabajadores baratos desde otros Estados miembro con unas condiciones laborales peores a otros donde los estándares de vida son más altos. La única medida que propone la Comisión para evitar esta situación obliga a las empresas a organizar los horarios de los trabajadores para que puedan volver a sus países de residencia cuando tengan descansos de más de 45 horas”, denuncia.

Además, cuando los trabajadores no están en su país de residencia, “la empresa no tiene obligación de proveer un alojamiento en condiciones ni de pagar la diferencia del nivel de vida”, con lo cual, “seguimos teniendo el mismo problema que se da ahora: los conductores van a tener que seguir durmiendo en las cabinas sin tener un descanso adecuado”.

La eurodiputada de IU también se ha referido a los otros dos aspectos que pretende reformar la Comisión Europea en el paquete de movilidad y que serán motivo de trabajo del Grupo parlamentario. El primer de ellos es la modificación de la Directiva en materia de Desplazamiento de Conductores en el sector del transporte por carretera. López ha señalado como prioridad “marcar unos límites concretos”, puesto que la principal tarea de los trabajadores del transporte en carretera “es desplazar mercancías por todo el territorio de la UE”.

Sin embargo, la Comisión “propone excluir de la aplicación de la normativa existente sobre desplazamiento de trabajadores, a los conductores cuyos desplazamientos sean inferiores a tres días”. Así, “cuando trabajen fuera de su país de origen por un plazo inferior a tres días, serán remunerados con el salario de su país de origen y no con el salario del país donde realizar la conducción”.

López ve en la medida “una injusticia” y una forma de “fomentar el dumping social” en lugar de reducirlo. “En vez de igualar su situación a la de cualquier otro trabajador desplazado, nos encontramos con una la diferenciación de condiciones y una discriminación, con un plazo de exclusión que no tiene fundamento ninguno. Con esto se pretende continuar con el aprovechamiento de los salarios más bajos de algunos países, impidiendo que los conductores cobren lo que merecen por su trabajo”, ha denunciado.

El segundo instrumento, que completaría las tres partes del paquete de movilidad, es el nuevo Reglamento sobre el acceso a la profesión y el cabotaje. Es la parte que se ocupa de las conocidas como empresas buzón, es decir, “compañías establecidas en países europeos donde no tienen actividad económica, pero donde disponen de un régimen fiscal y unas condiciones para fijar salarios mucho más favorables para sus líneas de negocio”.

Este es un problema que afecta al Estado español, ha apuntado López, “donde hay un montón de empresas que están poniendo su sede social en un tercer país, donde no hay actividad de negocio, pero las condiciones de contratación de los trabajadores es la de ese país”. En lugar de erradicar esta forma de actuar, “la Comisión ha decidido beneficiar al libre mercado y a las empresas, dañando los derechos de los trabajadores”.

Por último, en cuanto al cabotaje, “la propuesta introduce un cambio en las normas preexistentes”, que López juzga “insuficiente”. La normativa comunitaria actual “permite a los transportistas con licencia comunitaria realizar hasta tres operaciones nacionales de transporte en un Estado miembro distinto al suyo tras realizar un transporte internacional”. Además, “también se establece que cada operación de cabotaje pueda implicar varios puntos de carga y descarga”.

Lo que sucede, ha criticado López, “es que se aprovecha al máximo esta práctica, dando lugar al problemático ‘cabotaje en cadena’, en el que se realiza el máximo de paradas posibles en los itinerarios, exprimiendo la norma y a los conductores”.

Todas estas medidas, que componen el paquete de movilidad son a su juicio “socialmente injustas”, e implican “una manera de legalizar la explotación de los conductores a través del abaratamiento de salarios y de poner sobre los hombros de los trabajadores las responsabilidades de seguridad de los empresarios”. Con esto, la “Comisión incumple su promesa de querer erradicar el dumping, así como de pagar el mismo salario a los trabajadores que realizan igual trabajo independientemente del país donde lo realicen”.

TUNE ha vuelto a convertirse un año más en un importante encuentro intersindical europeo en el que se han analizado y se han puesto en común en las diferentes conferencias y coloquios los problemas y posibles soluciones que existen en los diferentes países.

La cuestión de la precariedad laboral en la Unión Europea ha ocupado un espacio central. De ello habló en la jornada del miércoles Cristina Faciaben, de CCOO, quien expueso la difícil situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras en el Estado español y las maneras de atajar el problema, que deben empezar por la derogación de las últimas reformas laborales.

También asistieron a esta edición de TUNE representantes del sector aéreo de CCOO provenientes de todos los puntos del Estado, y quienes han compartido experiencias con sindicalistas de toda Europa.

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