lunes , 20 noviembre 2017
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Vallina alerta de la “situación dramática” del medio rural y exige una “respuesta urgente” de la UE al problema de la despoblación

La eurodiputada de IU avisa de que es una cuestión de voluntad política, aboga por un cambio de modelo productivo y buscar un desarrollo sostenible para el campo, poniendo encima de la mesa los fondos europeos que sean necesarios para fijar población.

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina cree que la Unión Europea debe dar una “respuesta urgente” al problema de la despoblación que, en el caso del Estado español afecta de sobremanera al medio rural y que tal y como ha denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está provocando que la mitad de los municipios españoles esté “en riesgo de extinción”.

“La situación del medio rural es dramática y es necesario que la Unión Europea dé una respuesta urgente y esté a la altura de las circunstancias, ya que su política económica es una de las principales causas que hacen que la gente tenga que abandonar sus comunidades por falta de oportunidades y perspectivas de poder tener una vida digna”, destaca, a colación del voto que se ha celebrado esta mañana en Estrasburgo al Informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico.

En total, según un informe del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona presentado el pasado mes de septiembre, serían “1.840 municipios rurales los que están a punto de desaparecer”, y Castilla y León, Castilla-La Mancha, Teruel y La Rioja las regiones más afectadas.

Entre los motivos, según destaca Vallina, están el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad, el paro o la desindustrialización, pero “no podemos obviar que todos estos aspectos están interrelacionados entre sí y dependen de las decisiones políticas”. “La UE cuenta con los mecanismos necesarios para atajar esta problemática, lo que de momento ha demostrado es no tener la voluntad política de arreglarlo”, indica.

“Por poner un ejemplo –continúa-, cuando la UE decide retirar las ayudas al carbón nos dice que lo hace para luchar contra el cambio climático y cumplir con objetivos como los marcados en la cumbre de París. Es algo con lo que debemos estar de acuerdo. Sin embargo, tal y como se está demostrando en las cuencas mineras, la ausencia de un plan específico que permita a las miles de familias que vivían de la industria del carbón poder seguir haciéndolo durante la transición energética, provoca un desplazamiento de población masivo hacia las ciudades”.

Lo mismo, añade, “que ha ocurrido con las cuotas lácteas”. “La UE retira las cuotas lácteas y pretende que los pequeños productores agrícolas y ganaderos se sometan a las condiciones que les impone la industria agroalimentaria”. Sólo “quedan dos opciones: o empobrecerse y vivir explotados, o emigrar a la ciudad, y esto es lo que está sucediendo”.

“La despoblación del medio rural provoca que se deterioren los servicios públicos y acaben desapareciendo. Las personas se trasladan a la ciudad, pero a no ser que hablemos de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, el resultado es que los propios servicios sociales de las regiones que acogen a las personas que dejan el campo también se resientan”, ha denunciado.

Las consecuencias, insiste, “son nefastas, a nivel social y medioambiental” y “lo hemos visto con los incendios en España y Portugal”. “Menos servicios en el medio rural implica que más gente se tendrá que marchar, y llegarán a ciudades que no los pueden absorber; y así se entra en una espiral muy difícil de contener”.

Vallina pone como ejemplo también la gestión que hace de la Política Agrícola Común el Gobierno español, “dejando las ayudas en manos de unos terratenientes que no hacen sino aprovecharse de la miseria de los trabajadores y las trabajadoras del rural”.

La UE, por tanto, “debe detectar las zonas más afectadas por la despoblación, analizar las necesidades, plantear soluciones colaborando con los Estados miembros y los gobiernos locales, y poner, sobre todo, los fondos que sean necesarios encima de la mesa”.

Vallina reclama que “esto nos lleva inevitablemente a hablar también de la necesidad de cambiar por completo nuestro modelo productivo sostenible. Favorezcamos a las pequeñas empresas, a los pequeños agricultores y ganaderos, garanticemos unos servicios públicos de calidad que permitan fijar población rural, incentivemos el empleo de calidad en el campo y démosle el valor que merece. Todo ello traerá una mejor calidad de vida en las ciudades y en el campo, unas condiciones medioambientales deseables, un mayor reparto de la riqueza y una disminución considerable de las desigualdades”.