lunes , 11 diciembre 2017
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IU pide a la UE información sobre las empresas que se lucran con la represión de la migración

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha solicitado a la Comisión Europea una relación de los fondos adjudicados a empresas como Indra, Eurocopter o Amper, las que más dinero se han llevado para la gestión de los flujos migratorios en el Estado español desde 2002. “Vamos a seguir luchando contra estas políticas, cuyas consecuencias son el enriquecimiento ilimitado de unos pocos a costa de una estrategia que, sólo el año pasado, causó más de 5.000 muertes en nuestras fronteras”, ha señalado.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha solicitado a la Comisión Europea un desglose de los fondos que ha adjudicado la Unión Europea en los cinco últimos años a empresas como Indra, Eurocopter y Amper que, según un informe publicado el pasado lunes, son las más beneficiadas del negocio que se ha generado en el Estado español en torno a las políticas de control y represión de las personas migrantes que promulga la doctrina de la Europa fortaleza.

Tal y como revela la investigación llevada a cabo por el colectivo de periodistas porCausa, la UE ha invertido desde 2007 al menos 896 millones de euros en financiar, ya sea con los sucesivos gobiernos de PP y PSOE como intermediarios, ya sea directamente, los proyectos de estas y otras 340 empresas –la mayor parte privadas- para la instalación, gestión y puesta en marcha de dispositivos destinados a impedir la llegada de personas migrantes y refugiadas a Europa a través de la frontera Sur, o de su expulsión.

En concreto, detalla Albiol en una pregunta parlamentaria, “combinando los fondos europeos con los recursos propios del Estado español, empresas como Indra han recibido hasta 87,23 millones de euros, Eurocopter 61,44 milones de euros, o Amper 52,1 millones de euros”.

El origen de los fondos utilizados está en el Fondo de Fronteras Exteriores de la UE, las subvenciones de FRONTEX -que a partir de 2016 pasó a convertirse en la Agencia Europea de Guardas de Fronteras y Costas-, y las concesiones por contratos públicos del Gobierno español con partidas a cargo del Ministerio de Interior o de la Secretaría de Estado de Seguridad.

“La política securitaria de la Europa fortaleza lleva años siendo un suculento negocio para un puñado de empresas. Cuando hablamos de las políticas xenófobas de cierre de fronteras, de militarización del Mediterráneo, o de construcción de vallas, debemos tener claro que estas no caen del cielo, sino que hay unos responsables políticos directos y una oligarquía que obtiene beneficios de las mismas”, ha denunciado la eurodiputada.

A los 896 millones de euros que ha puesto la UE habría que sumarle, según la investigación, los al menos 610 millones de euros invertidos por el Estado español en los últimos 15 años para desarrollar diferentes dispositivos para el control de fronteras, la construcción de infraestructuras como vallas y puestos de control fronterizo, la instalación de concertinas o el transporte de las personas migrantes durante las deportaciones.

“Todo esto, cuando la UE sigue utilizando un falso discurso de falta de recursos para la gestión migratoria y, por ejemplo, condena a miles de personas a vivir en condiciones inhumanas en los hotspots de Grecia e Italia”, ha apuntado Albiol.

Este modelo, que ha tenido y tiene al Estado español como “alumno aventajado”, lleva “décadas implementándose y todavía puede avanzar más”, ha avisado Albiol, que ha mostrado especial preocupación por las consecuencias que tienen para las personas migrantes y refugiadas los productos que comercializan esas empresas. De ahí que en su pregunta haya puesto en duda que la Comisión tenga “mecanismos para supervisar las situaciones de violación de derechos humanos” que se puedan estar produciendo directa o indirectamente con los fondos destinados a esas empresas privadas.

“La participación de empresas privadas en las políticas migratorias de la UE es cada vez mayor”, y se ha llegado al punto de aceptar la gestión privada de los centros de detención de migrantes en diferentes países de la UE. En su opinión, es un modelo “extremadamente peligroso” que aleja aún más del escrutinio público “las frecuentes vulneraciones de derechos humanos en la política migratoria y de fronteras”.

“Vamos a seguir luchando contra estas políticas, cuyas consecuencias son el enriquecimiento ilimitado de unos pocos a costa de una estrategia que, sólo el año pasado, causó más de 5.000 muertes en nuestras fronteras”, ha sentenciado.

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