lunes , 17 diciembre 2018
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IU y SOS Racismo exigen a la UE desbloquear la Directiva sobre discriminación y delitos de odio

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, presentó en Bruselas junto a Mikel Araguás y Mikel Mazkiaran el informe SOS Racismo 2017, en el que se señala la necesidad de impulsar en el Estado español una Ley integral contra la discriminación y una Ley de protección a las víctimas de delitos de odio.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, presentó la pasada semana en Bruselas junto con los representantes de SOS Racismo Mikel Araguás y Mikel Mazkiaran, el informe 2017 sobre el estado del racismo y la xenofobia en el Estado español. El texto incide en la necesidad de poner en marcha una nueva legislación a nivel estatal que cubra, por una parte, la lucha contra la discriminación y, por otra, proteja de forma efectiva a las víctimas de delitos de odio.

La presentación del informe en Bruselas -por segundo año consecutivo- viene marcada por un contexto de preocupante auge de la extrema derecha en toda la Unión Europea y unos gobiernos de los Estados miembros que han decidido adaptar sus discursos o incluso introducir cambios en sus legislaciones de marcado carácter racista y xenófobo para poder competir electoralmente con los ultras.

“Es una realidad latente y que está contagiando a muchos. Hoy es el día internacional contra la islamofobia y precisamente los partidos de extrema derecha en la Eurocámara han hecho del odio a los musulmanes una de sus banderas. Socialdemocrátas, conservadores y liberales recogieron el guante y vemos cómo el discurso de odio se ha institucionalizado de forma alarmante”, ha explicado la eurodiputada.

Precisamente esta fue una de las primeras cuestiones que se abordaron durante el encuentro en Bruselas. Albiol hizo referencia al repunte del racismo y la xenofobia en Europa y el Estado español, y explicó que esto se ve reflejado a la perfección en “la normalización del discurso de odio como práctica política aceptable e incluso necesaria”.

“La derecha más extrema, sin haber vencido en las urnas, está imponiendo el discurso y las prácticas de gran parte de los Estados miembros. Digamos que la extrema derecha está gobernando desde el centro sin haber ganado las elecciones”, apuntó.

Esto se plasma, por ejemplo, en las políticas migratorias adoptadas por la UE en el último año para reforzar su doctrina de la Europa fortaleza, externalizando fronteras, impidiendo el trabajo de las ONG en el mar para salvar vidas, normalizando las devoluciones en caliente, o a través de acuerdos con terceros países ya sea para acelerar las deportaciones o para conseguir que no pueda llegar nadie a Europa de forma legal. A nivel del Estado español, esto tiene su reflejo también en las redadas racistas o la vulneración de los derechos humanos en los CIE.

Así, Mazkiaran, que es secretario de la Federación SOS Racismo, hizo un llamamiento a la UE para “desbloquear la Directiva sobre discriminación múltiple, que lleva atascada en el Consejo desde antes de que comenzara la presente legislatura”.

Eso a nivel europeo, pero a nivel estatal hay mucho trabajo por hacer y así lo refleja el informe con propuestas como la de retomar el borrador de Ley integral contra la discriminación, que a pesar de suscitar amplios consensos sociales y políticos no llegó a aprobarse.

Esta ley, según Araguás, que es miembro de la Federación SOS Racismo, “debería ir acompañada por una Ley de Protección de Víctimas de delitos de odio que proteja a las potenciales víctimas de delitos de odio al margen de la situación administrativa de la víctima. Esta reivindicación viene dada porque las víctimas del racismo y la discriminación no tienen siempre asegurada la posibilidad de denunciar libremente dado que si, por ejemplo, una persona migrante en situación irregular va a una comisaría, lo primero que puede encontrarse es una orden de expulsión”.

Por otro lado, se puso encima de la mesa la ausencia de datos oficiales sobre delitos de odio lo que impide analizar la realidad de una forma fiable y darla a conocer. Mazkiaran explicó que “el Estado sólo está ofreciendo datos oficiales sobre los atestados policiales, lo que supone dar una visión parcial de la realidad, en la medida que no hay información sobre el recorrido de estos y su resolución”.

Por este motivo, el informe supone una “fotografía alternativa” a las estadísticas del Gobierno, dando cuenta de los más de 300 casos que se han registrado en las Asociaciones SOS Racismo de la Federación y que tienen que ver en la mayoría de los casos con conflictos vecinales, racismo institucional, la Policía y a la seguridad privada, con casos reales de “uso desproporcionado de la fuerza, acompañado de insultos racistas que generan situaciones discriminatorias”.

Por último, los tres pidieron una reflexión sobre el “modelo de ciudadanía” de nuestras sociedades, ya que el debate y el marco que se utiliza para establecer lo que son discriminaciones “debe ser mucho más profundo e incluir a otros colectivos que sufren prácticas y políticas discriminatorias como es el caso de las personas LGTBI o el de las personas sin hogar.

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