lunes , 20 agosto 2018
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Marina Albiol denuncia ante la Comisión Europea el aumento de los casos de tortura o malos tratos policiales en el Estado español

En una pregunta parlamentaria, la portavoz de IU en la Eurocámara, se hace eco del informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en el que se documenta un peligroso incremento de las agresiones a activistas sociales y personas migrantes por parte de las Fuerzas de Seguridad.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha registrado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que denuncia que los casos de tortura, violencia institucional o tratos inhumanos, crueles o degradantes en el Estado español se han multiplicado por cuatro durante el año 2017. Tomando como referencia el informe que acaba de publicar la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, la eurodiputada avisa de posibles vulneraciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y solicita información sobre las conversaciones que haya podido tener al respecto Bruselas con las autoridades españolas.

“El informe de la Coordinadora contra la Tortura pone de relieve una situación que hemos denunciado en muchas ocasiones por el auge de la represión en el Estado español”, explica Albiol, antes de señalar que el documento “no sólo refleja una subida exponencial de las personas víctimas de torturas o tratos crueles o degradantes por parte de las autoridades, sino que además apunta a que los dos principales colectivos víctimas son activistas sociales y personas migrantes”.

De hecho, el texto hace especial mención a casos concretos como la situación de la cárcel de Archidona y la violencia policial contra las personas migrantes en Ceuta y Melilla, por lo que Albiol pregunta a la Comisión Europea si considera que las políticas migratorias comunitarias favorecerían que se produzcan estos malos tratos.

El informe, continúa, refleja “sólo una pequeña parte de los datos que llegan a hacerse públicos”, puesto que “la opacidad con la que se rigen instituciones como los CIE o los centros de menores, hacen que sea muy difícil que las organizaciones de defensa de los derechos humanos trabajen en ellos”.

Según el resumen elaborado por la Coordinadora, en 2017 hubo 1.014 personas afectadas por malos tratos, entre los que se incluyen 55 personas muertas bajo custodia. Esas cifras son cuatro veces superiores a las recogidas el año anterior y esto también se debe a los casos denunciados por la violencia policial durantel el 1-O en Catalunya.

“No es la primera vez que se denuncian estos hechos y el pasado mes de febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado español por tratos inhumanos y degradantes (Demanda 1653/13)”, lo que se suma “a otras ocho sentencias que evidencian actuaciones contra las personas bajo custodia y demuestran que el Estado no investiga estos casos”.

Albiol ha criticado que los sucesivos gobiernos, y en especial los dos últimos de Mariano Rajoy, “han decidido no sólo ignorar esas condenas, sino promover una legislación más represiva que genera un clima de impunidad y dificulta que la ciudadanía ejerza un control democrático sobre las fuerzas de seguridad”.

“La violencia policial ejercida en manifestaciones y las políticas racistas en la Frontera Sur han sido las principales causas de la violencia del Estado”, y son “dos cuestiones que han sido seña de identidad del anterior Gobierno del PP”. Por tanto, “estamos ante la ausencia efectiva de control democrático sobre las Fuerzas de Seguridad y un PP que ha defendido y promovido este tipo de actuaciones, convirtiéndolas en política de Estado”.

Albiol espera del nuevo Gobierno del PSOE “que pueda revertir esta situación”, pero reconoce que el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, “persona responsable de la instrucción de casos en los que la propia Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado al Estado por no investigar posibles torturas, nos hace tener pocas esperanzas”.

“El auge de la violencia del Estado y el clima de impunidad existentes son incompatibles con la recuperación de derechos, y la actual situación viola la Carta Europea de Derechos Fundamentales y genera un marco donde es imposible que podamos ejercer plenamente derechos consagrados en la legislación estatal e internacional como la libertad de expresión, de reunión o de asociación”, sentencia.

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