sábado , 22 septiembre 2018
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IU exige a la UE que haga públicos los informes sobre la aplicación de Schengen en el Estado español

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, accedió ayer a dos documentos restringidos que evalúan cómo está implementando las políticas migratorias comunitarias el Gobierno español. Reclama al comisario de Interior de la UE, Dimitris Avramopoulos, que los desclasifique. “Su contenido pone en duda el respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes en la UE y en sus fronteras”, advierte. La eurodiputada también se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly y no descarta presentar una reclamación formal si la Comisión no hace nada.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, exigió ayer por carta al comisario de Interior de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, que desclasifique y haga públicos los informes de la Comisión Europea evaluando la aplicación del acervo Schengen en el Estado español y el resto de Estados miembros. La solicitud de la eurodiputada se produjo horas después de haber tenido acceso a dos documentos restringidos que analizaban la gestión de fronteras y las deportaciones puesta en marcha por el Gobierno del PP durante 2017. La petición se dirigió también a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, que ha criticado en numerosas ocasiones la falta de transparencia en las instituciones europeas.

Dichos documentos (LIBE/R/117/18 y LIBE/R/118/18) evalúan dos aspectos fundamentales de las políticas migratorias de la UE y cómo se están aplicando en el Estado español: la gestión de las fronteras externas y las deportaciones. Y Albiol tuvo acceso a ellos por formar parte de la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Eurocámara, previa firma de un documento en el que se comprometía a no revelar su contenido. De hacerlo, tal y como indica la cláusula de confidencialidad firmada, se expone a “consecuencias administrativas, disciplinarias y penales”.

El contenido de los informes es “muy preocupante”, indica Albiol en su carta a Avramopoulos, puesto que “pone en duda el respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes”. Ambos textos giran en torno al control de la migración en todo el territorio del Estado (CIE, CETI, puertos, aeropuertos, fronteras, deportaciones, etc), no sólo en las fronteras de Ceuta y Melilla como esperaba en un principio, “y en realidad vienen a confirmar lo que llevamos años denunciando”, asegura.

Albiol reclama transparencia al comisario porque “se trata de un problema que genera una gran preocupación en la ciudadanía”. Es decir, se trata de un tema que es de interés público. La eurodiputada de IU recuerda que el reglamento (EC) 1049/2001 establece que las instituciones comunitarias deben facilitar al máximo el acceso a la información las ciudadanas y ciudadanos de la UE y que, de hecho, “las instituciones comunitarias suelen comprometerse con frecuencia a cumplir con el principio de transparencia”.

Por ello “resulta complicado entender por qué dichos documentos se mantienen en secreto y que sólo tengan acceso a ellos los eurodiputados y eurodiputadas tras ser amenazados con enfrentarse a consecuencias penales si revelan algo del contenido”.

“La ciudadanía europea tiene el derecho de fiscalizar y de contestar las políticas de la Unión Europea, pero ese derecho se ve limitado con este tipo de prácticas opacas que lo único que hacen es reducir la democracia en la UE”, denuncia.

Albiol reitera su que se deben desclasificar y hacer públicos “todos los documentos que tengan que ver con las políticas de migración y asilo de la Unión Europea” y opina que seguir ocultándolos sólo demostraría “que el verdadero objetivo es esconder prácticas muy cuestionables de una Unión Europea que se reivindica como un espacio donde están garantizados los derechos humanos de todas y todos”.

Por el momento, la portavoz de IU esperará a la respuesta de Avramopoulos para valorar los siguientes pasos, pero una vez que O’Reilly ya está también al tanto de la situación, no descarta presentar una reclamación formal ante la Defensora del Pueblo Europeo.

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