lunes , 17 diciembre 2018
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IU pide explicaciones a la UE sobre la diferencia que hay entre las cifras de personas deportadas según Eurostat y las que da el Gobierno

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala que mientras que el organismo europeo asegura que en 2017 hubo 10.785 expulsiones desde el Estado español, el Ministerio del Interior habla de 4.872. “O una de las dos partes modifica los datos con fines propagandísticos o existe un descontrol absoluto sobre la situación de personas que están bajo custodia estatal”, denuncia.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido explicaciones a la Comisión Europea sobre la gran diferencia que existe entre las cifras de personas deportadas desde el Estado español que ofrece Eurostat y las que da el Gobierno. En una pregunta parlamentaria, advierte de que los datos de 2017 son “muy preocupantes”, porque mientras que el organismo estadístico europeo habla de un total de 10.785 expulsiones, el Ministerio de Interior asegura que deportó a 4.872.

“Esa disparidad de cifras es muy preocupante. O significa que una de las dos partes modifica sus datos con fines propagandísticos, o que existe un descontrol absoluto sobre las deportaciones”, indica la eurodiputada antes de advertir de la “gravedad” del asunto, porque “estamos hablando de personas bajo custodia del Estado, la mayor parte en Centros de Internamiento de Extranjeros”.

En efecto, la mayor parte de las personas que son deportadas desde el Estado español lo hacen desde los CIE, por lo que “si se prueba que no existe un registro efectivo y pormenorizado de esas personas, será otra constatación más de que estos lugares, además de cárceles ilegales, son agujeros negros para los derechos humanos”.

Albiol también pregunta a la Comisión si no cree que la presión que están ejerciendo para aumentar exponencialmente tanto en número como en velocidad las deportaciones puede tener como consecuencia esta disparidad de datos, al “no existir una decisión y un tratamiento individualizado de cada persona deportada, tal y como requiere la legislación internacional y comunitaria”.

En su opinión, “la política europea de aumentar al máximo provoca que estas se lleven a cabo de forma sistemática y grupal, violando el derecho a un tratamiento individualizado y al recurso en los casos de expulsión”. “Ya no son sólo las devoluciones exprés en Ceuta y Melilla, sino que desde cualquier territorio de la UE se deporta de forma grupal y sin garantías. Además de esto, ahora se ha abierto la puerta a las deportaciones a terceros países, considerados seguros, que no son siquiera el de origen de la persona deportada”.

Esto ha sucedido con personas expulsadas, por ejemplo, a Afganistán, “donde después han sido asesinadas por grupos terroristas”, o con disidentes políticos que, “como a los que se denegó su demanda de asilo en Bélgica, fueron entregados al Gobierno sudanés que los torturó”, Estas, “por mucho que les cueste reconocerlo, son las consecuencias directas de asumir la agenda política de la extrema derecha, tanto en Bruselas, como en los Estados miembros, por meros intereses electoralistas”.

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