martes , 23 abril 2019
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IU espera que la UE sancione al Estado español por deportar a Marruecos al activista saharaui Huseín Bachir Brahim

El comisario de Migraciones y Asuntos de Interior de la UE, Dimitris Avramopoulos, confirma a la eurodiputada Marina Albiol que la Comisión Europea ha solicitado información a Rabat y Madrid para esclarecer por qué no se respetó su solicitud de asilo político. El joven defensor de los derechos humanos, que llegó a Las Palmas el pasado mes de enero, acabó detenido en una cárcel de Marrakech como resultado de la decisión del Ministerio de Interior. “Cualquier agresión o abuso que haya podido recibir Brahim son responsabilidad directa del Gobierno español”, advierte Albiol.

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol espera que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción al Estado español por violar la legislación internacional y el principio de no devolución, al haber deportado a Marruecos a Huseín Bachir Brahim. El joven activista saharaui llegó a Las Palmas el pasado mes de enero en una embarcación en la que viajaban varias personas migrantes y solicitó asilo político por ser víctima de la persecución marroquí. Sin embargo, fue detenido por la Policía en Lanzarote y el Ministerio del Interior decretó su deportación exprés a Marruecos, donde ha terminado en la cárcel de Luidadya, en Marrakech.

El comisario de Migraciones e Interior, Dimitris Avramopoulos, asegura en su respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Albiol tras conocerse la deportación de Brahim que “la Delegación de la UE en Rabat ha planteado el caso de Huseín Bachir Brahim al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) marroquí y está a la espera de recibir información adicional sobre su detención. Asimismo, se han establecido contactos con las autoridades del Estado miembro interesado para recabar información adicional”.

Además, indica que la Comisión “puede incoar un procedimiento de infracción cuando hay indicios de que la legislación de la Unión se ha transpuesto o aplicado incorrectamente”.

“El principio de no devolución se basa en que ningún Estado puede deportar a una persona a un lugar en el que su vida o su integridad física corre peligro y el de Brahim es un ejemplo más de cómo el Estado español viola de manera sistemática ese principio de no devolución, incluso en casos como este en el que se trataría de una persona que ya ha demandado asilo”.

“No es la primera vez que esto ocurre -insiste-, por lo que entendemos que ante una violación reiterada de lo que, tal y como indica la Comisión, son las normas del derecho comunitario y español, corresponde ya a las autoridades europeas incoar un procedimiento”.

La eurodiputada de IU espera que la Delegación de la UE en Rabat “pueda averiguar cuál es la situación de Brahim en estos momentos y si ha sido torturado en la cárcel de Luidadya, tal y como es habitual en Marruecos, particularmente con los presos políticos saharauis”. “Esta situación y cualquier daño a su integridad que pudiera sufrir Brahim es responsabilidad directa del Estado español”, afirma.

Las relaciones diplomáticas y comerciales entre el Estado español y Marruecos, siempre han pesado más que la cuestión del Sáhara Occidental. España sigue siendo de facto la potencia administradora, pero los gobiernos socialistas y conservadores han ignorado conscientemente su papel y las resoluciones de Naciones Unidas que amparan el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Lo mismo ocurre con las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos, la persecución, las torturas, la ocupación y el expolio de los recursos naturales saharauis. Lo que prima, “son los acuerdos comerciales de los que se benefician las grandes empresas europeas, la externalización de fronteras y la complicidad entre dos monarquías corruptas como la española y la marroquí”.

“España y la UE, para conseguir sus objetivos económicos y migratorios, ocultan las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos y este caso, por tanto, no es un hecho aislado. Forma parte de un intercambio de favores”, sentencia.

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